Lejos de considerar que la alcaldesa haya mezclado su vida privada con la institucional, Verdú justificó la contratación del letrado de la compañía madrileña Lepalais Jurisdice «por una simple cuestión de confianza».
El edil de Urbanismo negó que el abogado haya cobrado 27.536 euros por el convenio con el club de jubilados, la redacción de las alegaciones al PTI, unidades de actuación y otro convenio con los hermanos Santaló. «Solo ha cobrado 12.000 euros en dos años y hasta que no finalice la tramitación no cobrará más», explicó.
El hecho de que sea su letrado particular el contratado para cuestiones municipales «es la muestra evidente de que buscamos lo mejor para el pueblo porque queremos a gente de máxima confianza». Añadió que «por este mismo motivo hace más trabajo del que le pagamos y ha conseguido, entre otras gestiones, la cesión de un terreno que íbamos a tener que expropiar para el nuevo acceso al cementerio».
Recordó Verdú que el letrado había redactado la ordenanza de ocupación de la vía pública para que los bares pudieran ampliar sus terrazas, y que en los convenios por importes elevados que denuncia el PSOE hay incluidas otras tareas que justifican el precio. Posteriormente el gobierno municipal pide los correspondientes informes a la secretaria «para que todo lo que se haga vaya sobre la ley, como así sucede».
Tampoco estimó el concejal cuestionable que sea el abogado de la familia quien solicitara al arquitecto municipal que se pronunciara sobre un conflicto urbanístico entre la alcaldesa, Antonia Camps, y el Consorcio de Suelo Rústico. Verdú niega cualquier irregularidad «porque se trata de un abogado que ha pedido un informe al arquitecto como puede hacer cualquier otro letrado». En suma, añadió, «seguiremos contando con él porque estamos sobre la ley y no contrataremos a un abogado que no conozcamos».
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