Terrenos de Orfila SL (ahora Nolda SL) en el margen izquierdo de la calle y al fondo la torre de Son Ganxo.

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Un pleno extraordinario de Sant Lluís aprobó ayer la reordenación del Área de Reconversión Territorial de Son Ganxo, que sacó a colación la incongruencia que supone pagar una indemnización de nueve millones de euros más intereses sin que ello anule el derecho de la promotora, ahora Nolda SL, a construir cuatro unidades de vivienda.

La reordenación está motivada por la protección de una cueva, que no estaba catalogada. Ello ha obligado a modificar el suelo para aparcamientos y una zona verde, que aumenta de superficie, mientras que el terreno disponible para aprovechamiento privado queda igual.

El exalcalde Llorenç Carretero, ahora concejal del PI, expuso la contradicción que supone estar pagando una indemnización a razón de 750.000 euros anuales con cargo al presupuesto municipal por la desclasificación urbanística de aquellos terrenos y que los derechos de edificación de la promotora se mantengan.     

La suspensión temporal de licencias fue aprobada    como consecuencia de la reordenación de la ART, pero no han decaído. Lo reconoce la alcaldesa, Carol Marquès, quien sabe que el Ayuntamiento se enfrenta a un nuevo embrollo de carácter jurídico.

PTI

El origen del caso hay que buscarlo en el PTI original aprobado en 2003. En ese documento se desclasificaban los terrenos, propiedad entonces de Orfila SL.

Tres años más tarde se introdujeron modificaciones, entre ellas una que afectaba a esta zona, en la que se reconocía el derecho a construir cuatro unidades de vivienda. «Si estamos pagando una indemnización por construcción cero, por la desclasificación urbanística total, no se entiende que luego puedan construir», dijo Carretero.

Como se recordará, la promotora recurrió el PTI original apelando a un convenio previo, de 1997, entre el Ayuntamiento y Orfila SL, que preveía la edificación en estos terrenos, calificados    como urbanos con una elevada densidad. Los tribunales dieron la razón a la promotora y la anterior corporación municipal, presidida por Montse Morlà, no tuvo más remedio que afrontar el pago de más de 11 millones en total en cuotas plurianuales.

Carretero insiste, «hay que analizar la situación, el Ayuntamiento paga pero quien desclasificó aquellos terrenos fue el Consell», apunta.