La medida actual de agilización beneficia a las reformas en suelo urbano. | Gemma Andreu

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La Asociación de Constructores de Balears advierte que en cuanto acabe el año expirará la posibilidad, adoptada por el Govern como medida extraordinaria en tiempos de crisis pandémica, de poder realizar reformas que impliquen una mejora energética con una simple declaración responsable, sin tener que tramitar una licencia de obra mayor. Para este colectivo esta circunstancia tendrá dos efectos:por un lado aventuran una saturación todavía mayor de los departamentos municipales de urbanismo y, por otro, advierten de que peligra la ejecución de los 29 millones de euros procedentes de los fondos europeos que se destinarán a obras de rehabilitación energética.

Los fondos europeos manejan unos plazos de ejecución estrictos y la Asociación de Constructores de Balears estima que los proyectos de rehabilitación energética se multiplicarán por cuatro en los próximos meses gracias a esta inyección de financiación. En este contexto, el colectivo empresarial reclama que se prorrogue la opción de poder llevar a cabo estas actuaciones con una declaración responsable, siempre que sean en suelo urbano y cumpliendo con unas determinadas condiciones. La Asociación estima que los 29 millones consignados permitirán realizar 4.150 actuaciones, muchas de las cuales serán obra mayor y, por tanto, requerirán de licencia si este artículo decae el 31 de diciembre, como está estipulado en la ley de octubre de 2020.

Fuentes del Govern reconocen que el fin de la vigencia de esta medida excepcional supondrá, si no se acaba prorrogando, una traba para la ejecución de parte de los fondos europeos, aunque señalan que el plazo para emplear esta partida concreta de rehabilitación energética se ha establecido en 2026, por lo que hay un margen amplio.

En cuanto a los ayuntamientos de la Isla, hay diferentes puntos de vista entre los consultados por este diario. En Alaior, por ejemplo, consideran que no prorrogar este artículo de la ley 2/2020 de medidas urgentes frente a la crisis de la covid-19 redundará en el exceso de trabajo de su departamento de Urbanismo. «Es una mala noticia, estos servicios están colapsados, con plazos de entre diez meses o un año. Esta medida estaba aligerando los trámites en suelo urbano que no afectaban al volumen y la fachada. Miramos los expedientes, pero todo va más rápido. Parece que el Govern se queda lo malo y desaparece lo bueno», explica el concejal Cristóbal Marqués.

En el caso del Ayuntamiento de Maó, relativizan el impacto de la medida con cifras. En el año de vigencia de la declaración responsable para este tipo de obras, se han presentado treinta solicitudes acogiéndose a esta ley. Casi todas se han revisado en el plazo de quince días previo al inicio de las obras y solo se han acabado autorizando diez porque el resto no cumplía los parámetros fijados. Es decir, que los beneficiarios han sido relativamente pocos y el trabajo de revisión se ha realizado igual.