El alcalde y la concejala con los presidentes de los colegios profesionales

3

El Ayuntamiento de Maó y los colegios profesionales vinculados a la construcción han decidido superar la dialéctica de críticas cruzadas con un enfoque de alianza y colaboración para ordenar y agilizar los trámites de las licencias de obra, un asunto de importante calado para la economía local y el interés ciudadano. Este viernes firmaron un protocolo que supone un cambio de paradigma para acortar los plazos, «crear un espacio de trabajo conjunto y mejorar los procedimientos para que todo sea más agil, imprescindible para que los tiempos se ajusten a la legalidad», que marca tres meses, según explica Enric Taltavull, presidente de la demarcación menorquina del Colegio de Arquitectos.

El Ayuntamiento «es el responsable final, pero todos podemos aportar en este objetivo claro y compartido», explica el alcalde Héctor Pons. El protocolo se vehicula a través de dos ejes, uno de carácter formal en cuanto a la tramitación y seguimiento de los expedientes y otro de medidas en cuanto al contenido documental, que son factores que hasta ahora habían motivado complicaciones y retrasos.

El acuerdo, que lo firman además el Colegio de Arquitectos Técnicos, el de Ingenieros Indusriales y el de Ingenieros Técnicos, ha sido negociado en los dos años últimos. La implantación de la administración electrónica ha supuesto cambios como la tramitación digital, que cambia también la forma de presentar la documentación y permitirá, previo trabajo de Silme aún pendiente, el seguimiento por vía electrónica de cada expediente.

Informes de otros organismos

Un aspecto que cambia a partir de ahora es la petición de informes a otros organismos (Recursos Hídricos, Medio Ambiente, Costas) cuya opinión resulta preceptiva en determinadas licencias. Esa petición, que hasta ahora realizaba el Ayuntamiento y era motivo de retrasos de hasta un año, deberá hacerlo ahora el promotor y adjuntarse con la documentación que presentan los autores del proyecto respectivo. Así lo marca la Ley de Urbanismo, aunque los arquitectos eran partidarios de que siguiera bajo responsabilidad municipal.

El protocolo contempla la constitución de una mesa de seguimiento, de reunión cuatrimestral, cuya función principal será la de formular recomendaciones de interpretación de la normativa para evitar intepretaciones contradictorias, arbitrarias o restrictivas de las normas. «Este es un documento vivo, podemos introducir cambios que lo mejoren», señala el alcalde.

«Es un punto de partida concebido desde el deseo común de mejorar la seguridad del ciudadano o promotor que solicita una licencia. Funcionará bien y será extensible a otros municipios», opina Dámaso de la Cruz, presidente del Colegio de Ingenieros Industriales.

«Nos ordena la manera de trabajar y nos interesa a todos porque el fin es común. Somos entidades de derecho público y estamos para trabajar con la administración con vistas a mejorar los procesos. Es un buen principio», declara Miguel Ángel Sicilia», presidente de los aparejadores y arquitectos técnicos.

José María Cardona Natta, presidente de los ingenieros técnicos, destaca el acuerdo y el espíritu de alianza en beneficio del administrado que se logra con este protocolo, que ha de suponer, según coincidieron todos, un avance decisivo para agilizar los trámites de las licencias y, en definitiva, mejorar la vida del administrado.