Svitlana Legorova, ucraniana, reside en Maó junto a su hija Daria. | D.L.

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Svitlana Legorova tiene 84 años, es natural de Ucrania pero reside en Menorca desde 2014, junto a su hija, Daria, y ambas se encuentran en situación legal en España, pero ni tiene, ni en principio, podrá tener asistencia sanitaria pública. Curiosamente, si hubiera llegado a España como refugiada procedente de su país en conflicto bélico o en una patera, el Estado sí le proporcionaría toda la cobertura médica que precisa.

La clave de tan paradójica situación descansa en el procedimiento burocrático que exigen las leyes españolas, sin que exista una solución aparente, a pesar de las gestiones realizadas por su hija desde que estallara la guerra hace dos meses, considerando la avanzada edad de su madre, los medicamentos y el seguimiento médico que necesita.

Daria explica que en el año 2014 decidió quedarse a vivir en Menorca y viajar regularmente a su país para atender su negocio de venta y distribución de piezas de decoración y vajillas, principalmente. «En Valencia estudiaba mi hija y yo viajaba mucho a esa ciudad por motivos profesionales;_entonces tomé esta decisión porque podía mantener mi negocio, que me funcionaba muy bien, yendo y viniendo de un país al otro»._

Al no tratarse de una emigrante al uso, Daria solicitó la residencia en España para ella y para su madre, como persona dependiente. La joven ucraniana obtuvo su propósito y le fue concedida la denominada residencia no lucrativa, esto es, que le permitía vivir en España pero no trabajar ni tener acceso a la seguridad social española porque sus ingresos seguían procediendo de su trabajo en Ucrania. Desde entonces ha tenido que tener contratado un seguro médico para ella y otro para su madre.

Transcurrido los 5 años, Daria ya obtuvo la residencia permanente que ya le habilitaba para trabajar aquí. No tuvo necesidad de hacerlo porque mantuvo su trabajo en Ucrania, con cuyos ingresos ha podido seguir pagando su seguro médico, a un precio asequible, y el de su madre, que dada su avanzada edad, tiene un coste de 300 euros, más otros 500 por los medicamentos que precisa en función de las patologías cardiacas que arrastra.

La guerra, sin embargo, ha saboteado la situación de madre e hija en España. «Tuve que cerrar mi negocio hace dos meses, perdí mis clientes de alto poder adquisitivo, y con ellos todos mis ingresos». O sea que la invasión rusa es la causante de que ahora ambas estén desprotegidas. «En mi caso lo solucionaré porque empezaré a trabajar aquí pero no podrá incluir a mi madre en la tarjeta sanitaria porque la ley española no lo permite, pese a que mi madre no puede trabajar con 84 años, y necesita médico y medicamentos», explica Daria.

«Está claro que ahora también somos personas afectadas por la guerra que ha sido la causante de que perdiera mis negocios y mi empresa, aunque no seamos refugiadas».

Daria se ha dirigido a Extranjería, a la Policía Nacional, al Consell y a la Seguridad Social, «y en todos los sitios han intentado ayudarme y se han comportado muy bien conmigo, pero al final acaban chocando con las leyes». Ni ella ni la madre pueden solicitar asilo temporal, como hacen los ucranianos que llegan a la Isla desde hace dos meses huyendo de la guerra, porque ya son residentes en España. «Si estuviéramos aquí ilegales o fuéramos refugiados, tendríamos la cobertura médica, pero así no tenemos nada, cuando resulta que somos afectados claramente por la guerra», relata Daria. Por eso señala que «la situación es muy injusta, es surrealista», y añade que «Ucrania no es un país tan organizado como España, pero allí cualquiera puede ir al médico y le atienden. Yo, aquí, si llevo a mi madre a Urgencias me pasan la factura, y ya no sé qué más podemos hacer».