La entrada en funcionamiento de la nueva planta de Milà ha mejorado considerablemente el volumen de residuos que se logra separar y aprovechar. | Gemma Andreu

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En el caso de mantenerse el volumen actual de producción de residuos no separados (fracción resto) y el porcentaje de estos que acaban ahora mismo sepultados en el vertedero tras su paso por la planta de Milà, el nuevo canon autonómico sobre los residuos, cuyo despliegue fue aprobado ayer por el Consell de Govern en forma de decreto, supondrá una factura anual en la Isla de unos 440.000 euros, que en principio asumirán en gran medida los ayuntamientos. El objetivo de la medida es disuasorio, por lo que desde el Ejecutivo autonómico confían en que esta cantidad acabe siendo más baja.

En el caso de Menorca se aplicará la cuota más elevada de las cuatro posibles que contempla la ley en cuanto a este canon, puesto que en la Isla se dispone de vertedero y no de incineradora (estas instalaciones se consideran menos nocivas para el medio ambiente), y por el hecho de que los consistorios no disponen de una operativa de tratamiento separado de la fracción orgánica con un sistema establecido de pago por generación. Esta cuota asciende a 40 euros por cada tonelada de residuos que acaban enterrados en el vertedero.

Además, el director general de Residuos y Educación Ambiental, Sebastià Sansó, comenta que la necesidad de adaptarse a la nueva ley estatal de residuos, a pesar de que contempla la autonomía financiera de Balears, ha provocado que no se pueda aplicar el canon con la progresividad de cinco años que contemplaba la ley autonómica.

La progresividad, pues, solo durará medio año. El canon se empezará a cobrar el 1 de julio. Así las cosas, durante el segundo semestre 2022 en el caso de Menorca se aplicará una cuota inicial de 12 euros por tonelada de residuos no separados que acaban enterrados en el vertedero, mientras que a partir del 1 de enero de 2023 ya se tendrán que aplicar los 40 euros por tonelada antes referidos. El gestor de la planta de Milà lo incluirá en la misma factura que ahora mismo pasa a las entidades locales y a los otros productores que aportan residuos a tratar, como un concepto más desglosado.

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Los cálculos del Govern son que la factura del segundo semestre de este año rondará en Menorca los 100.000 euros, en base a los últimos datos a su disposición. En 2021 entraron en Milà algo más de 41.000 toneladas de fracción resto. Sansó expone que no se toma esta cifra como base imponible, puesto que parte de estos residuos pueden ser separados en el proceso de tratamiento. Según los últimos datos del Consorcio de Residuos y Energía de Menorca, en estos momentos, y tras la entrada en funcionamiento de la nueva planta que ha mejorado mucho los porcentajes de separación, se entierran alrededor de 11.000 toneladas al año.

Tanto la ley autonómica como la estatal establecen que, en última instancia, el canon de residuos debe recaer en el contribuyente, en aplicación del principio de que quien genera el residuo es el que paga. No obstante, Sebastià Sansó explica que los ayuntamientos cuentan con autonomía financiera para actuar al respecto como consideren más oportuno. La normativa autonómica daba un plazo a los consistorios para establecer una fiscalidad flexible y adecuada a este principio, pero «ya vamos tarde». Este periodo ha quedado superado y esta factura la asumirán en principio los consistorios, en lo que se refiere a los residuos procedentes de la recogida ordinaria municipal, que son la gran mayoría.

En el Consorcio el asunto del cobro del canon no se ha abordado todavía en profundidad. Cada ayuntamiento es autónomo pero una posibilidad es que el establecimiento de sistemas para acabar pasando la factura del canon al ciudadano, bajo el principio de que paga quien no separa, llegue con la implantación del sistema puerta a puerta. Maó, por ejemplo, confirma que será así y que cualquier tipo de tasa no se abordará hasta que el puerta a puerta esté cien por cien en funcionamiento.

Pese a todo esto, Sebastià Sansó insiste en que el objetivo del canon no es recaudar, sino reducir el volumen de residuos que acaban enterrados en el vertedero. No podrán ser más del 10 por ciento en 2030 y el nivel de separación tiene que ser del 65 por ciento en 2025. «Las instalaciones son finitas, y más en el caso de una isla, el canon es una herramienta para que vertederos como el de Milà duren más». Además, si se van alcanzando los porcentaje de separación que persigue la ley, el importe total de canon se irá reduciendo, con la intención de que acabe siendo prácticamente anecdótico.