Trabajadores del servicio de limpieza viaria de Maó.    | Gemma Andreu

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El Ayuntamiento de Maó ha recibido el visto bueno para proseguir con los trámites de licitación de dos importantes contrataciones, la del servicio de limpieza y la del servicio de atención a la primera infancia, la gestión de las escoletes del municipio. Ambos estaban paralizados cautelarmente como consecuencia de los recursos presentados por UGT y el comité de empresa de FCC, en el caso de la limpieza, y por la Cooperativa d’Escoles Infantils de Maó, en el del servicio educativo.

El Tribunal Administrativo de Central de Recursos Contractuales ha comunicado al Ayuntamiento la desestimación de todos los recursos presentados, por lo que el equipo de gobierno tiene luz verde para continuar con los concursos publicados. No son procesos menores. En el caso del servicio de limpieza, el importe del nuevo contrato se ha fijado en 17,7 millones de euros por un periodo de ocho años, hasta 2030. En el de la gestión de las escoletes, el importe base de licitación asciende a 9,5 millones de euros, para un periodo de cinco años.

En cuanto a las motivaciones que llevaron a los representantes de los trabajadores del sector de la limpieza a presentar recurso contra el nuevo concurso, están las condiciones laborales. El sindicato UGT defendió que el pliego de condiciones supone un recorte en los derechos laborales de la treintena de empleados que prestan el servicio en la ciudad. Anomalías de carácter jurídico y la reclamación de tener en cuenta el convenio actual y las mejoras alcanzadas recientemente, movieron al comité de empresa de FCC a recurrir contra las bases. En ambos casos, el tribunal Administrativo de Cuentas ha desestimado sus quejas, según informan fuentes del Consistorio.

En el caso del concurso para el servicio de atención a la primera infancia, la Cooperativa d’Escoles Infantils de Maó, que lleva prestando el servicio vía convenio desde el año 2009, solicitaba que se modificasen los pliegos al entender que el requisito de solvencia económica y financiera estaba fijada en una cantidad que entendían «desproporcionada», un volumen de negocio de al menos 2,8 millones de euros.