Los usuarios acumulan malestar al ver como no tienen amarre a disposición mientras algunos están vacíos. | Fela Saborit

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La lista de espera para acceder a uno de los amarres públicos de gestión directa del puerto de Maó, destinados a embarcaciones de ocio de menos de ocho metros de eslora, suma en estos momentos 218 peticiones sin atender. La cantidad es prácticamente exacta a las que había en febrero, 219. En los últimos seis meses se han producido unas cuarenta nuevas solicitudes y la más antigua se remonta a marzo de 2019. Es decir, se han atendido prácticamente al mismo ritmo que han ido entrado.

Con este panorama de demanda de amarres no atendida, la Asociación Menorquina de Empresas Náuticas (Asmen) reclamó ayer a Autoridad Portuaria de Balears más agilidad en los trámites para formalizar las adjudicaciones de estos amarres, ya que, asegura este colectivo profesional, algunos están vacíos a la espera de que se realice el papeleo para poder ser utilizados por un nuevo titular.

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Mediante un comunicado, Asmen, asociación integrada en PIME Menorca, insta a Autoridad Portuaria a que «se establezcan los mecanismos necesarios para solventar esta situación y que el sistema de adjudicación de amarres vacantes se produzca de manera automática e inmediata» en el momento en que se produce una vacante. Fuentes del sector náutico estiman que ahora mismo podría haber medio centenar de amarres pendientes de ser adjudicados distribuidos en distintos espacios del puerto de Maó.

Desde Asmen apuntan al malestar que produce en algunos propietarios estar inmersos en una lista de espera que no avanza mientras comprueban como hay amarres de gestión pública que, en pleno verano, están desaprovechados. «No es comprensible que ante la vacante de algún amarre, éste no sea adjudicado de inmediato, atendiendo a la larga lista de espera que consta en la Autoridad Portuaria para conseguir un amarre», insisten desde Asmen.

Según la última Memoria de Sostenibilidad publicada por Autoridad Portuaria de Balears, el puerto de Maó cuenta con unos 650 amarres de gestión directa para embarcaciones de menos de diez metros de eslora, además de una veintena para barcos de mayores dimensiones.Detrás de la demora en la tramitación de solicitudes podría estar una falta de personal suficiente en el organismo público. En el entorno portuario existe la inquietud de que estos agujeros en la gestión de los amarres públicos acabe siendo el preludio de una privatización en la explotación de estas infraestructuras.