Imagen del mostrador del centro de salud del Canal Salat de Ciutadella. | GRUP SERRA

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El Govern instalará máquinas expendedoras de turnos en los centros de salud, que funcionarán con números, algo que garantizará la protección de datos de los pacientes que, de esta forma, no serán llamados por su nombre por el médico de cabecera para que entren a la consulta. El nuevo sistema funcionará con un servicio de turnos anónimo, que deberá recogerse a la llegada al centro en un sistema muy similar al que ya existe en otros organismos, como la Agencia Tributaria. El paciente deberá solicitar una cita previa, como hasta ahora y, una vez en el centro de salud, deberá validarse en la máquina y recoger el número con su turno.

El Govern ha autorizado al IB-Salut el gasto de 1,8 millones de euros para esta plataforma que tiene por objetivo optimizar el sistema de gestión de turnos y tiempo de espera de los usuarios en los centros de salud de Atención Primaria de Baleares. La implantación de esta plataforma también permitirá guiar y redirigir, si es necesario, a los usuarios y ayudará a mejorar la gestión de la agenda de los profesionales sanitarios, según ha asegurado el vicepresident del Govern, Juan Pedro Yllanes.

Se trata de un plan piloto de 48 meses para comprobar su capacidad antes de que el Servicio de Salud lo extienda a todos sus centros, según informa el Govern. El Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud asignó hace unos meses 2,4 millones al Servicio de Salud de Baleares para desarrollar diferentes actuaciones relacionadas con la ciberseguridad en el ámbito de la Atención Primaria, entre otras.

El Área de Salud de Menorca ha confirmado que la Isla también está dentro de este plan piloto de instalación de máquinas expendedoras para gestionar las colas y la intención es que se instalen el año que viene.

También debía desarrollarse un Canal de Salud para la ciudadanía y se apostaba por la puesta en marcha de la Historia Clínica Inteligente para Atención Primaria. El Govern asegura que debe garantizar «el buen funcionamiento del sistema sanitario público» emprendiendo acciones encaminadas a satisfacer «el derecho de protección de la salud y distribuyendo óptimamente los recursos de que dispone para financiar las prestaciones y servicios sanitarios», según Yllanes.