Las vacas pastan en terrenos junto a un agroturismo en el campo menorquín. | Archivo

El nuevo sobresalto en cuanto a la normativa urbanística no es sin embargo una sorpresa para el arquitecto Enric Taltavull, presidente de la demarcación menorquina del Colegio Oficial de Arquitectos de Balears. «Hay una falta de consolidación en general de la normativa insular y en los municipios», declaró ayer en relación a esta vuelta al PTId e 2003-2006. Según Taltavull, tramitar proyectos en la Isla «es como una carrera de obstáculos, nunca sabes cuáles son las condiciones y si van a cambiar». Añade que «además últimamente se aprueban normas por decreto que entran en vigor cuando tienes un proyecto ya preparado de acuerdo a una norma diferente, es una dificultad añadida para el trabajo».

El arquitecto critica el retraso que acumula un plan que ya tenía que haberse revisado una década después de su entrada en vigor, esto es, en 2013, y cuando se hace, en 2018, tarda cinco años en tramitarse y aún no ha terminado el proceso. «Es un freno para iniciativas» y a eso se suma que «también hay planes generales de los municipios que esperan a la aprobación definitiva del PTI para ser lanzados», asevera.

Noticias relacionadas

Taltavull cree que el retraso afecta a condiciones en las obras que no exigía el plan de 2003-2006, como el ahorro de agua, la instalación de cisternas y de placas fotovoltaicas, pero recuerda que normas baleares siguen limitando el tamaño de las piscinas o el crecimiento en plazas turísticas.

Este hecho resulta tranquilizador para el coordinador de política territorial del GOB, Miquel Camps. La ampliación de plazas que podría ser «el principal peligro» porque cree que se han dado «abusos en agroturismos» desaparece con la moratoria que prohibe nuevas plazas de alojamiento turístico en Balears en los próximos cuatro años. «No hay más plazas disponibles», afirma, pero al mismo tiempo lamenta que «los avances de la última redacción del PTI se pierden con este gap», el intervalo hasta que llegue la aprobación final.

Del mismo modo señala que la normativa autonómica limita las grandes piscinas particulares o en alojamientos en el campo «pero no habrá tanta exigencia en el ahorro de agua o la autosuficiencia energética», indica Camps. El ecologista considera «difícil de explicar que hayan pasado los dos años» y siga pendiente la aprobación definitiva del nuevo PTI, que espera sea una realidad en lo que queda de legislatura «porque Menorca lo necesita». Por otro lado, Camps destaca que algo que preocupaba al GOB era los parques solares pero estos «ya están adaptados y siguen adelante».