Residència de la Gent Gram, gestionada por el Consell, en Maó

TW
10

Los médicos que prestan servicios en las residencias geriátricas del Consell lo han hecho en el periodo comprendido entre julio de 2021 y marzo del 2023 sin contar con la existencia jurídica de un contrato, según el dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Territorio y Servicios Generales.

Después de que finalizara el convenio entre el Consell y el Consorcio Sociosanitario para la prestación del servicio médico gerontológico no urgente, la institución insular creó una plaza de médico en el año 2020. En septiembre de ese mismo año el médico contratado pidió la extinción de la relación con lo que en 2021 se eliminó la plaza que no ha vuelto a crearse.

Desde entonces, hasta marzo de este año, los servicios médicos se han ido prestando mediante una contratación menor que ha resultado irregular, indica la comisión en el dictamen que llega al pleno de mañana.

Dos médicos han venido desarrollando ese cometido en las residencias y centros de día con una facturación mensual, cada uno de ellos, de 1.850 euros. En total el Consell ha abonado en este periodo 69.464 euros, repartidos entre los dos galenos por el trabajo realizado. En ambos casos, la comisión propone aprobar un reconocimiento extrajudicial de crédito para poder satisfacer los emolumentos de los dos profesionales.

Para paliar esta situación, el pasado septiembre el Consell abrió un procedimiento para la contratación de la prestación de estos servicios médicos en las residencias y centros de día de titularidad insular, por un precio de 36,60 euros la hora de trabajo, que fueron adjudicados a los dos mismos médicos aunque finalmente uno de ellos ha desistido de formalizar este vínculo, lo que ha motivado la apertura de una nueva tramitación.

La comisión estima que del expediente que glosa la situación no se han de exigir responsabilidades administrativas concretas pero sí recomienda a la Conselleria de Bienestar Social que adopte las medidas necesarias para mejor la planificación y ejecución de los expedientes de contratación ajustados a la norma del sector público.