El senador menorquín Cristóbal Marqués durante su intervención este miércoles

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El Senado aprobó este miércoles una moción del PP, con la abstención del grupo socialista y del grupo vasco, en la que se reclama al Gobierno que se dignifiquen las condiciones de vida de los funcionarios de la Administración General en las Balears. El senador Cristóbal Marqués expuso las consecuencias negativas que está generando.

«El complemento de indemnización por residencia lleva diecisiete años sin ser actualizado, mientras el precio de la vivienda se ha disparado y el nivel de vida se encuentra en máximos históricos, con unos problemas de transporte evidentes, fruto de la insularidad, y con una doble insularidad de las islas menores evidente. Por tanto, y conociendo el problema, ¿a qué esperamos para actualizarlo?», se preguntó durante su intervención.

Marqués explicó que para aplicar el incremento del plus de insularidad a 225 euros, como pedía el PP, el Gobierno deberá consignar una partida adicional de 18 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado. Una cantidad «menor, teniendo en cuenta que el Gobierno de Sánchez se gasta 146 millones de euros solo en publicidad, mientras los guardias civiles o policías nacionales tienen que dormir en una furgoneta», dijo.

En su opinión, no es el momento de inventos ni de más excusas. «Es un problema de voluntad política de hacer justicia, de dar un servicio a sus conciudadanos, de cumplir los acuerdos que adoptamos aquí, en las cámaras de representantes, y de voluntad política de solucionar los problemas», concluyó.

El apunte

«Un irrisorio plus de 74 euros para 10.000 empleados en las Balears»

La senadora mallorquina María Salom habló de un serio problema de desertización de la función pública en Balears «porque los cerca de 10.000 policías, guardias civiles o personal de la Administración General se ven obligados a afrontar uno de los costes de vida más altos de España, con un irrisorio plus de 74 euros»». Por esa razón, planteaba    triplicar esta cuantía, hasta los 225 euros, “pero ya, mañana mismo, como una medida de choque”, enfatizó. Proponía además realizar un estudio económico en un plazo de menos de tres meses, para calcular el sobrecoste exacto y fijar el complemento de insularidad acorde a la realidad.