Una imagen de archivo de una pareja de turistas en la plaza de Es Born de Ciutadella, en los días de Sant Joan. | Josep Bagur Gomila

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El Consell de Menorca ha desplegado para esta temporada turística el mayor número de inspectores turísticos de su historia con el objetivo explícito de controlar el alojamiento ilegal, con especial incidencia al alquiler turístico no reglado que se oferta en los cascos urbanos. A pesar de que no existen estudios oficiales, se estima que puede haber unas 6.000 viviendas que se ofertan de forma ilegal en la Isla.

La plantilla desde el pasado febrero se ha ampliado a siete inspectores turísticos, cuando en 2015 estaba formada por solo dos. Para la temporada pasada estaba previsto que el cuerpo de inspectores del Consell contará con tres nuevas plazas y llegar a los siete inspectores, gracias a los fondos procedentes del Govern con los que quería corregir el agravio comparativo con Mallorca. Finalmente, la temporada pasada, y a mediados de julio, se añadió un quinto inspector y en febrero de 2023 se han incorporado otros dos.

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El aumento de la plantilla parece empezar a dar sus frutos. En lo que va de año, y con la temporada turística recién iniciada, el Consell ya ha abierto una veintena de expedientes a alojamientos turísticos ilegales, según ha revelado el conseller de Economía y Territorio, Josep Pastrana, en una respuesta a una pregunta formulada por el PP. Se trata de una cifra similar a los 24 que se tramitaron en todo el 2021. No alcanza, eso sí, todavía los 57 expedientes que se tramitaron el año pasado.

Pastrana también desvela que más de la mitad de los expedientados el año pasado (30) ya han pagado las multas impuestas, reconociendo así las infracciones y beneficiándose del descuento por pronto pago del 40 por ciento. El importe inicial de las sanciones impuestas por el Consell el año pasado ascendía a 1,9 millones de euros, con una media de 33.000 euros por multa. Las sanciones oscilan entre los 4.000 y los 40.000 euros si se trata de un alojamiento que carece de licencia, pero está en una zona donde se permite esta actividad (como en las urbanizaciones) o de entre 40.000 y 400.000 euros si no dispone de licencia y está fuera de la zonificación (básicamente en los cascos urbanos y en suelo rústico).