Un grupo de abogados de la Isla, este miércoles al mediodía, en la concentración para reclamar una adecuación de sus retribuciones en el turno de oficio y una reactivación de la justicia, trabada en todos sus estamentos | M.J.U.

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«Teníamos juicio señalado el martes, la cliente, que reside en Francia, y yo, estábamos citadas en el juzgado y cuando llegamos un papel en la puerta nos dice que el juicio está suspendido por la huelga». Magdalena Abad, abogada de Alaior, ejemplifica con este relato las consecuencias del retraso que  afecta a la justicia insular después de cuatro meses de huelgas.

Desde los Letrados de la Administración de Justicia, primero, hasta los jueces y fiscales a continuación, y actualmente los funcionarios, todos han estado o están en huelga indefinida en este último cuatrimestre. Desde el 22 de mayo, cuando arrancaron el paro los funcionarios, ya se han suspendido 65 juicios entre un total de 90 señalamientos en el partido judicial de Maó. En este mismo periodo se acumulan 500 demandas pendientes de ser admitidas.

Los ciudadanos de la Isla sufren esta demora que crece día a día, pero también los abogados que se dedican preferentemente al trabajo en los juzgados están viendo muy perjudicados sus ingresos.

Es por ello que este miércoles un grupo de letrados menorquines, en representación del gremio, se concentró a las puertas de los juzgados de Maó sumándose a la acción convocada a nivel nacional con el añadido de la reivindicación para que el turno de oficio tenga una retribución digna en todas las actuaciones profesionales del servicio.

Explica la abogada Magdalena Abad que las suspensiones de los actos judiciales y los juicios «impiden cerrar los temas y por tanto no los podemos facturar». La comprensión hallada en los jueces para facilitar otra fecha próxima no siempre resulta eficaz «porque no depende de ellos sino de los funcionarios que te toquen en el juicio por si están de huelga o no, y no podemos hacer nada», relata la abogada.

La congelación de las consignas judiciales es otra de las principales consecuencias que gravan a abogados y clientes. Recuerda Abad que los Letrados de la Administración de Justicia son los que hacen las transferencias de todo el dinero consignado. El retraso es «impresionante, con depósitos consignados en el juzgado que llevan un año sin ser transferidos, indica la abogada. «Un tema que llevo yo ha tenido el capital tres meses en la cuenta del juzgado hasta que se ha hecho la transferencia, eso es un gran perjuicio para nosotros».

Francisco del Campo, abogado con despacho en Maó, se refiere a un caso flagrante de los efectos de la huelga. El juicio, con ocho testigos, algunos de ellos desplazados de fuera de la Isla, ha sido suspendido en cuatro ocasiones, el 9 de enero, por problemas de agenda penal, y el 16 de febrero, 17 de mayo y este miércoles, 28 de junio, por la huelga de funcionarios. «Es una pérdida de tiempo y dinero que además genera una desconfianza absoluta en el sistema».

En Balears han dejado de celebrarse el 16 por ciento de todos los juicios, por lo que Marín Aleñar, presidente del Colegio Balear, definió la situación en las Islas como «crítica, al borde del colapso».

La abogacía española pide al gobierno que acabe con el deterioro del aparato judicial y denuncia la inacción del Ministerio de Justicia. Reclama un acuerdo que reactive de inmediato el funcionamiento de la justicia para que sea ágil, eficiente y de calidad. «Esta debe ser la legislatura de la justicia», señalan los letrados.

El apunte

Los trabajadores de los juzgados reiteran sus reivindicaciones

Un grupo representativo de los trabajadores de justicia de los juzgados de Maó que secundan la huelga indefinida volvió a concentrarse este miércoles a las puertas de la sede judicial para reivindicar que el Ministerio atienda sus peticiones de revisión salarial y organización del trabajo.

El seguimiento de la huelga, indicaron estos funcionarios, ha aumentado a un 80 por ciento, «dado que la nula actuación del Ministerio y su ninguneo y discriminación al colectivo ha enervado aún más la indignación de los trabajadores».