Dos personas pasean por la zona de Sa Colàrsega | Gemma Andreu

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La posibilidad de destinar, a partir del 1 de julio de 2024, las embarcaciones privadas a fines comerciales durante un máximo de tres meses al año es un tema que preocupa a la entidad ecologista GOB. «Añadirá más barcos en el litoral, que desde hace años supera la capacidad de carga náutica de Menorca», explica Miquel Camps, coordinador de Política Territorial del GOB.

Recuerda, en este sentido, que en 2010 un vuelo aéreo detectó 2.344 embarcaciones fondeadas en las calas y playas de la Isla, cuando un estudio sobre la capacidad de carga náutica elaborado en 2020 por el SOCIB (Sistema de Observación y Predicción Costero de las Illes Balears) a petición del Govern dictaminó que cabían 2.115 embarcaciones.

«En 2010 ya sobrepasábamos el límite y desde entonces se han añadido amarres y remodelaciones, seguramente ya estamos muy por encima de esa cifra», añade Camps, que lamenta que «no vemos que las políticas dirigidas a la gestión del litoral estén teniendo en cuenta el estudio, es como si no existiera».

Subraya Miquel Camps que «no serán las mismas embarcaciones que había en el litoral, porque los propietarios que las usan cuando pueden, si tienen la opción de alquilarlas durante unos meses por un precio interesante, lo harán, con lo que se sumarán en el litoral, y no creemos que haya empresas náuticas que reduzcan la oferta cuando exista esta alternativa».

Otro efecto que prevé es, precisamente, que bajarán los precios al haber más oferta. «Y si bajan los precios, se disparará la demanda», vaticina Camps, que añade que «todo nos hace pensar que se traducirá en más presión sobre el litoral y más daños ambientales».

Además, concluye que «se podrá hacer un paralelismo con los pisos de alquiler turístico, acabará generando una masificación no planificada con una serie de efectos secundarios que después nadie quiere, teniendo en cuenta que el punto de partida es que Menorca ya está saturada».