Antoni Costa: «Con el crecimiento actual se pueden bajar impuestos sin recortes»

Su primera medida fue anular el impuesto sobre las herencias ¿prepara más rebajas fiscales?

—Con el decreto ley del 18 de julio entró en vigor de inmediato la supresión del Impuesto sobre Sucesiones y la reforma de las transmisiones patrimoniales. El Parlament decidió después tramitarlo como proyecto de ley y el Grupo Popular introducirá vía enmiendas otras rebajas en el Impuesto sobre la Renta y más mejoras en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Si no se introducen así, irán en la Ley de Presupuestos, porque forman parte del programa del PPy también del pacto con Vox.

¿Cómo es esa reforma fiscal?

—La tarifa del IRPF se rebajará medio punto para rentas inferiores a 30.000 euros y un cuarto de punto para las rentas superiores. Habrá una deducción por nacimiento, 800 euros el primer hijo, 1.000 el segundo, 1.200 el tercero y 1.400 a partir del cuarto, con un límite de renta pero amplio, sin duda un 90 % de las rentas de Balears se podrá acoger, además la vamos a intentar anticipar,    tal y como se hace con la de maternidad. Crearemos otra deducción por gastos de estancias en centros de día y residencias, o por la contratación de personas para el cuidado de mayores y dependientes, y también estudiamos crear beneficios fiscales para plazas de difícil cobertura, con una deducción en el IRPF para profesionales como los sanitarios. Además, aún está por definir pero habrá una nueva desgravación del 15 % para los arrendadores de vivienda de larga duración.

Otra de sus promesas es dejar exentos de la ecotasa a los residentes ¿es viable?

—Estamos analizándolo, pero no sería dejando exentos a los residentes del impuesto sobre las estancias turísticas, sino creando una deducción en el IRPF para que los contribuyentes se puedan restar las cuotas pagadas sobre el ejercicio corriente.

Eximirles del pago ¿sería discriminatorio?

—La normativa europea impide que en un impuesto se hagan distinciones entre residentes y no residentes. Las únicas excepciones son los menores de 16 años, que no pagan ecotasa, y las personas que se alojan por razones de salud, menorquines con familiares en Son Espases, por ejemplo. Pero no es lo mismo cuando puedes restarte del IRPF las cuotas pagadas, es una cuestión que está en estudio, forma parte del programa de gobierno y desde la Conselleria de Hacienda vamos a ver si es factible, si lo es, lo aplicaremos en 2024.

Con tantas reducciones fiscales ¿podrá mantenerse el gasto en los servicios públicos?

—Quiero dar un mensaje de tranquilidad, la previsión para 2024 es de incremento de la actividad económica, eso significa también el incremento de las bases de los impuestos y como consecuencia aumenta la recaudación, sin tener que tocar los tributos. Si todo va como está previsto, en 2024 habrá un aumento de recaudación en IVA, IRPF o impuestos especiales. Además la inflación está provocando un incremento de la recaudación impositiva. En 2023, respecto a 2022, la Comunidad Autónoma ha recaudado casi mil millones de euros más, ¿por qué todo ese incremento se ha de traducir en gasto? Nosotros preferimos aumentarlo menos y reducir los impuestos a los ciudadanos.

Decir que incrementar menos el gasto público implica recortes es mentir, nosotros vamos a reforzar el gasto en sanidad, educación, investigación e infraestructuras, con crecimiento económico se pueden bajar los impuestos y al mismo tiempo subir el gasto.

¿Cómo se garantizará la financiación de la Ley de Reserva?

—No se ha decidido la fórmula que se utilizará para hacer la transferencia de fondos vinculados a la Reserva. El PP ha sostenido que la ley se debe referir más a inversiones y no tanto al prohibicionismo de la izquierda, que no garantizó la financiación pero sí el intervencionismo. Los 5 millones estarán garantizados, 3,75 del Govern y el resto del Consell, ya sea mediante inversión directa o transferencia. Somos partidarios de transferir fondos vinculados a proyectos concretos y que sea una comisión mixta la que los decida. El compromiso es que sea realidad en 2024 o desde el momento en que se modifique la ley.

¿Es necesario cambiar la ley?

—Hay que hacer esa modificación para garantizar los fondos, no lo están a día de hoy, la ley no establece que tenga que ser una transferencia ni la definición de proyecto, hay que aclararlo definitivamente.

Y en materia de carreteras ¿habrá recursos para acabar la reforma de la Me-1?

—También la expresidenta Armengol podría ayudar ahora en Madrid para que el convenio de carreteras se pueda recuperar. El Govern va a estar al lado del Consell para reivindicarlo ¿o tenemos que esperar 10 años más para terminar la carretera general? Lo razonable es que el convenio se vuelva a presupuestar en 2024 y el Consell pueda terminar la obra.

¿Y si eso no sucede?

—El Govern siempre va a apoyar al Consell, pero desde luego quien tiene que poner el dinero, y es inconcebible que no lo haya hecho ya, es el Ministerio de Transportes. Canarias tiene 400 millones de euros de convenio de carreteras y nosotros cero, y no vale decir que tenemos el Factor de Insularidad, no es sutitutivo, nada tiene que ver con el convenio de carreteras, o así nos lo dijo Francina Armengol.

Anuncia la rebaja del IRPF para fomentar el alquiler ¿qué otras medidas plantean?

—La política de vivienda del anterior Govern ha sido desacertada y contraproducente. Cuando se ataca a los propietarios estos suelen reaccionar cerrando a cal y canto sus viviendas, hay menos en alquiler y sube más el precio. Hay que hacer una política inversa, con incentivos para que haya más vivienda en el mercado, por ejemplo, con esa deducción del IRPF, un programa para    garantizar el cobro de las rentas o intentar que haya seguros privados para cubrir posibles desperfectos. Otro tema en el que queremos incidir es en proveer de vivienda a ciertos colectivos de funcionarios que es difícil captar, hay que hacer ese esfuerzo desde la Administración porque si no, no pueden venir y los necesitamos, como son sanitarios o cuerpos de seguridad. Si el Tribunal Constitucional no tumba la ley estatal, Balears no la aplicará en la parte de su competencia porque es equivocada y no funciona, y ahí se incluye el tope al alquiler en las zonas declaradas tensionadas, eso en las Islas no se va a aplicar.