El Colegio de Arquitectos no ve con malos ojos que se busquen mecanismos para resolver la espera en la que se hallan «un montón de casas que no se van a demoler pero que dejamos sin servicios», asegura el presidente de la demarcación de Menorca, Enric Taltavull. Preguntado sobre una posible medida que legalice estas edificaciones en rústico, el arquitecto señala que «no ha habido ningún movimiento de demolición sistemática y en 20 años el Plan Territorial Insular (PTI) no ha logrado arreglar el problema», por lo que considera razonable que estas construcciones «puedan entrar en la realidad de la urbanización, aunque tendría que haber una fórmula jurídica para que conste que han sido hechas ilegalmente». De este modo se congelaría su crecimiento.
Para Taltavull las condiciones de base «inexcusables» para una posible legalización serían la habitabilidad de las casas y la mejora de la eficiencia energética. El Colegio de Arquitectos, en sus alegaciones a la revisión definitiva del PTI, se refirió precisamente a estos núcleos en el campo, «ya dijimos que no entendíamos por qué no se cambiaba de estrategia», después de tantos años sin hallar una salida para el problema de los hortales. El PTI aprobado en 2023 amplía los plazos, concede seis años para legalizar los hortales, pero mantiene el límite máximo de 90 metros cuadrados construidos.
«Aunque miremos a otro lado las construcciones están ahí, se han quedado en un vacío legal», apunta Enric Taltavull, por lo que, a falta de leer la letra pequeña, una medida que permitiera dar salida a su ordenación «tiene justificación», declara.
'Especulación urbanística', según el GOB
En la postura totalmente contraria está el coordinador de Política Territorial de la entidad ecologista GOB, Miquel Camps, quien considera que una amnistía de este tipo solo es «una operación de especulación urbanística bendecida por un gobierno democrático». Para Camps, es fundamental que el PTI actual marca que los hortales, si no tienen su plan de regularización en el plazo de seis años, quedarán fuera de ordenación. Es decir, sin ninguna perspectiva de legalización, lo que de inmediato reduce su precio en el mercado. Este es «un efecto que los propietarios entienden», y recuerda que han edificado de manera ilegal, por lo que no deberían quejarse de poder regularizar un máximo de 90 metros cuadrados.
«Una amnistía urbanística sería un verdadero desastre», asegura, «los que han hecho las cosas bien se quedan con un palmo de narices, hay que educar a la ciudadanía en hacer las cosas bien». El exdirector general de Vivienda del Govern y número dos socialista en el Consell de Menorca, Eduardo Robsy, señala que incorporando a la ordenación edificios actualmente fuera de la misma, surge «un mercado de viviendas que ahora no lo son, estaban condenadas al derribo o a la no renovación, que a nadie le interesaban pero ahora sí», con la revalorización de construcciones ilegales.
4 comentarios
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“La Argentina” comenzó así. Y miren ahora.
Quina vergonya!
Legalitzar aquestes construccions és regalar un patrimoni bestial a qui ho ha fet malament...Que val una casa en rústic legal a Menorca? Lo que es propietari vulgui demanar, que val una casa fora d'ordenació en rústic a Menorca? Molt menys...per tant, sí estan fora d'ordenació i seguiran existint, però almenys no dones un premi a qui ho ha fet malament...
Señor Rosby, usted bien sabe que la solución al problema ha de pasar por los ayuntamientos y no los propietarios, de lo contrario es como darles un sudoku a un niño de dos años. No es viable legalizar nada y usted bien lo sabe. Además debería saber que es anti inconstitucional darles “solución” sólo a una parte de la población. Existe un Derecho Humano básico que debería conocer llamado la Igualdad de Oportunidades. Y no, esas casas no se construyeron ilegales, por ahí no paso, era la manera de hacer construcciones que tenían los antiguos políticos de turno. De ahí el problema de tantas personas.