Las reivindicaciones judiciales han agravado la situación de los juzgados, con demoras que crecen cada trimestre de este año. | Gemma Andreu

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El año judicial arranca bajo mínimos, y Menorca no es una excepción. Las sucesivas huelgas convocadas durante el último año por distintos colectivos de la administración de Justicia han agravado la demora en la resolución de casos en los juzgados de la Isla.

Los jueces de Menorca terminan el año con más asuntos pendientes que al inicio, una tendencia que es especialmente acusada en Maó, donde 2022 concluyó con un 59 por ciento más de causas pendientes de sentenciar.

Pero, lejos de mejorar, la situación ha seguido empeorando. Abogados y procuradores advierten que el Decanato de Maó acumula casi un millar de casos aún sin asignar. Ciudadanos que demandaron hace meses todavía desconocen qué órgano judicial se encargará de tramitar su reclamación.

Los sindicatos acordaron diferir la huelga a finales de julio hasta conocer qué Gobierno y con qué ministro deberán dilucidar su reivindicación. Sin embargo, los sucesivos parones instados primero por los secretarios judiciales y, después, por los propios magistrados y el resto del personal han acabado prolongando aún más la consabida lentitud de la Justicia.

El presidente del Colegio de Abogados, Pedro Monjo, avisa que se ha llegado al «colapso» en Maó y culpa de ello a la «huelga encubierta» de los funcionarios judiciales, al no repartir con la necesaria eficacia los casos que entran entre los tres juzgados de instrucción de la ciudad.

«El sistema judicial está infradotado de material y personas, y eso en Menorca es aún más grave», resume. «Gran parte de los jueces y magistrados que llegan a la Isla son recién salidos de la Escuela Judicial y acaban marchando pronto. Así que las huelgas que se suceden desde febrero y marzo no han hecho más que agravar este problema endémico hasta llegar ahora al colapso».

De poco sirve que los propios letrados puedan cursar directamente sus demandas a través del portal Lexnet, pues «al cabo de 90 días éstas desaparecen. No constan como presentadas y, en algunos casos, hay que reiniciar la tramitación».

Esta demora, ahora agravada, retrotrae hasta a los propios profesionales de la abogacía de recomendar a los ciudadanos la interposición de denuncias. «Tal como está la cosa, prefiero un mal acuerdo a un buen pleito. Pero los menorquines están poco habituados a la mediación y acaban denunciando, lo que eterniza la tramitación de numerosas causas».

La situación es común al resto de Balears, que es la segunda comunidad autónoma española con mayor movilidad y más jueces sustitutos, hasta el punto que uno de cada cuatro días no está el titular al frente del Juzgado. La edad media de los jueces, 49 años, es también la segunda más baja del Estado, puesto que las Islas, y Menorca en particular, suelen ser uno de los destinos recurrentes de los estudiantes recién salidos de la Escuela Judicial y de los que menos tiempo permanecen en sus cargos.

El apunte

«La falta de espacio en el Juzgado 2 de Ciutadella es una vergüenza»

Pero no solo falta personal, sino también medios, especialmente en Ciutadella, donde desde hace dos décadas se anuncia la construcción de un nuevo Palacio Judicial que aún ni se ha iniciado. Tras diversas legislaturas de vaivenes entre la administración local y estatal, el Ayuntamiento ha cedido los terrenos para este fin pero, pese a estar presupuestadas en múltiples ejercicios, las obras siguen pendientes. Y eso agrava problemas de espacio como el que, desde su creación, viene sufriendo el Juzgado número 2 de Ciutadella, donde «los expedientes se amontonan en el suelo, y hasta en el lavabo, en cualquier sitio. Es una absoluta vergüenza. Y lo peor es que temo que me retiraré sin que ni siquiera se hayan iniciado».