Marta Vidal en una reciente intervención en el Parlament. | Jaume Morey

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Marta Vidal entró a formar parte en diciembre de 2019 del bufete Monlex, que así pudo abrir despacho en Menorca y poner al frente a una especialista en Derecho Público. Pero desde que este verano asumió la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, ha pasado a no ejercer de forma temporal como letrada.

Antes y después de integrarse en el equipo de abogados que dirige el actual presidente interino de la asociación hotelera de la Platja de Palma, José Antonio Fernández, Marta Vidal ha jugado al otro lado del tablero, con la administración como oponente.

Una situación que ya la obligó a abstenerse cuando, en 2017, la propuesta de reforma de los hoteles de Melià en Son Bou a cambio de rebajar su altura tuvo que ser dictaminada por el Consell Consultiu, del que formaba parte. Marta Vidal había asesorado a la cadena hotelera hasta solo unos meses antes.

También ha representado a la empresa propietaria del agroturismo de Sa Torre Vella en el expediente que le abrió el Consorcio de Disciplina Urbanística en Rústico, organismo público supramunicipal que la propia Vidal había llegado a presidir durante su etapa como consellera. La letrada defendió a la sociedad Fontanille Torre Vella SL en el expediente sancionador por el que se propone imponer a la promotora una multa de un millón y medio por haber construido siete piscinas ilegales y haber asfaltado 2.000 metros de caminos agrícolas.

Marta Vidal ha asesorado a otros particulares afectados por expedientes del Consorcio. Es el caso de una vivienda con caseta de aperos y otros elementos edificada sin licencia en el suelo rústico de Maó, por la que se pide el pago de una multa de 56.349 euros, o la ampliación sin permiso de una vivienda unifamiliar en el campo, en Es Castell, para cuya defensa Vidal achacaba al Ayuntamiento que había hecho «una interpretación errónea» de la Norma Territorial Transitoria. Un instrumento de ordenación previo al PTI que ella misma promovió en su etapa de consellera.

Entre otros asuntos, ha litigado con éxito contra el Ayuntamiento de Es Castell por la licencia mal concedida que permitió abrir una gasolinera en Son Vilar, o en representación de Swiss Investment, una corporación del Reino Unido afectada por decisiones de los vecinos y propietarios de Torre Solí (Alaior) que diversas entidades rebatían.