Las construcciones ilegales en los ‘hortals’ centran buena parte de las sanciones del Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Rústico. | Gemma Andreu

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El Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico se ha puesto las pilas para intentar paliar -aunque sea mínimamente- el gran problema que arrastra desde su creación, las enormes dificultades para cobrar las multas que impone. En un solo año ha embargado inmuebles a 22 infractores que no pagaban, una cifra muy llamativa, si se tiene en cuenta que desde su creación en el año 2005 el balance de embargos ascendía a tan solo doce.

Lo revela el informe de Intervención sobre la liquidación del año 2022 del ente de control urbanístico, en el que se destaca el «esfuerzo recaudador» en el último ejercicio completo, en el que además de la retención de inmuebles se han realizado embargos de cuentas bancarias y nóminas por valor de 121.000 euros. Aunque los ingresos por pago de multas en periodo voluntario han sido similares a los del año anterior, cerca de 160.000 euros, se ha vivido un notable aumento en la ejecución forzosa de cobros, hasta situarse en 293.000 euros.

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De todos modos esas cifras siguen revelándose muy bajas en relación al ritmo al que aumenta el montante de las multas no cobradas, que en el último año ha crecido en otros 1,5 millones hasta alcanzar la cifra histórica de 11,5 millones. Para entender el bajo poder recaudatorio que ha tenido siempre el Consorcio, ente participado por todos los ayuntamientos menos Es Migjorn Gran y financiado y dirigido por el Consell, hay que comparar esa cifra de derechos de cobro con la de las sanciones impuestas, que alcanza los 13,45 millones.

Desde su creación ha conseguido ingresar apenas dos millones de euros, menos de un 15 por ciento del total de las multas impuestas. Ese porcentaje, no obstante, se ha prácticamente doblado en los últimos años, a medida que el Consorcio ha ido ganando músculo en materia de personal para poder hacer frente a los numerosos recursos que recibe y que paralizan los cobros. De hecho hay que tener en cuenta que en el total de los ingresos por multas conseguidos durante 2022 los hay por sanciones impuestas hasta una década atrás.

Más multas

La liquidación de las cuentas del Consorcio muestran no solo un aumento de la recaudación, sino también un incremento importante en la imposición de multas. Si en el año 2021 se contabilizaron expedientes sancionadores por valor de alrededor de un millón de euros, en 2022 la cifra aumentó hasta los 1,6 millones, un incremento del 60 por ciento en un solo ejercicio. Atendiendo solo a la recaudación sobre multas impuestas ese mismo año, los cobros, básicamente por pronto pagos voluntarios, ascendieron a poco más de 70.000 euros.

Una deuda de dudoso cobro de 5,4 millones siendo «optimistas»

Cerca de la mitad de las multas que el Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico tiene pendientes de cobrar desde su constitución, que al término del año 2022 ya ascendían a 13,5 millones de euros, se consideran de «dudoso cobro», un total de 5,4 millones de euros. Es un cálculo que se realiza aplicando los mínimos legales, que atienden a la antigüedad de la multa. La regla que se aplica se puede resumir de la siguiente forma. Cuanto más antigua es la sanción más baja es la probabilidad de cobrarla.

De hecho, una vez han pasado seis años desde que se impuso la multa, a efectos contables ya se estima que no se llegará a cobrar nunca. Desde Intervención advierten no obstante en su informe sobre la liquidación del ejercicio 2022 que el Consorcio debería aplicar su propia regla atendiendo al bajo índice de cobro de las sanciones. Considera por tanto que esos 5,4 millones de dudoso cobro son una previsión «optimista». El importe de las cantidades de dudoso cobro ha experimentado en el último ejercicio cerrado un incremento importante ya que un año antes no llegaba a los 3,8 millones de euros.

El apunte

La mejora de ingresos permitiría empezar a devolver lo que el Consell le ya inyectado

El mayor esfuerzo recaudador del Consorcio le ha permitido terminar el año 2022 con un saldo de tesorería de 362.972 euros, cuando un año antes esa cantidad fue de solo 26.683 euros. Es por ello que el informe de Intervención sobre la liquidación de las cuentas del año pasado considera que se podría plantear el reintegro paulatino de las aportaciones realizadas por el Consell para su funcionamiento, que ascienden ya a 1,48 millones de euros. En ese sentido cabe recordar que, según el compromiso adquirido en el convenio de creación del ente, estas aportaciones deberían ser devueltas para conseguir el objetivo de la autosuficiencia.