Josep Seguí nació en 1905 en Binillubet (Es Mercadal) y era payés de profesión. Era socio del Cercle Democràtic i Republicà d’Alaior y durante la guerra se afilió al Partido Comunista, aunque no ostentó ningún cargo ni tampoco ejerció una militancia activa. De carácter afable y muy sociable, durante el conflicto ayudó a que mucha gente que lo pasaba mal pudiera comer. Con el triunfo del bando nacional, fue detenido y acusado de colaborar con la rebelión y procesado de manera sumaria, siendo condenado a cinco años de reclusión, de los cuales cumplió dos y medio encerrado en el castillo de Sant Felip, el Hospital de Sang y La Mola, y el resto en libertad condicional.
Un largo proceso
Ochenta y dos años después, la familia de Josep Seguí ha conseguido que su condena quede expresamente anulada y su memoria restablecida, gracias a la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, que declara la ilegalidad de los tribunales franquistas de excepción y la nulidad de sus sentencias, poniendo en el centro de la acción pública a las víctimas. Además, la ley contempla el derecho a obtener una declaración de reconocimiento y reparación personal para las personas que durante la Guerra Civil y la dictadura sufrieron persecuciones, condenas o sanciones por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa. De este modo, los descendientes de Josep Seguí han podido cerrar este doloroso episodio que perdura en la memoria familiar, así como ver reconocido el sufrimiento provocado por la injusticia que padecieron.
«Todo lo vivido durante la Guerra Civil y la dictadura siempre ha sido un tema muy presente en casa, y ahora esto me ha dado vida. Cuando leí la causa y recibí el documento de reparación, lloré de alegría, porque después de tantos años se sabía la verdad. Pensé que mi padre, por fin, era libre», explica una emocionada Amàlia Seguí, de 75 años, quien recuerda lo mal que lo pasó su familia: «Mi madre era una persona delicada de salud y se ponía muy mal cuando iba a ver a mi padre a la prisión. Y después recuerdo cuando salió en libertad condicional, y cada tarde se quitaba la ropa del campo y se arreglaba para presentarse a la Guardia Civil. Yo creo que todo aquello le afectó mucho, porque murió a los cincuenta años», asegura.
El sentimiento de alegría y liberación de Amàlia Seguí también lo comparte su nieto, Moritz Werner, que fue quien puso en marcha el proceso para que el caso de su bisabuelo fuera revisado. «El hecho de recibir el certificado es un reconocimiento al sufrimiento de todos estos años. Es un simbolismo muy fuerte que cierra una herida familiar», señala. Asimismo, explica que el haber podido acceder a la causa completa les ha permitido descubrir la acusación exacta que se le hacía, así como una primera petición de pena de muerte. «Ha sido toda una revelación para la familia», añade.
Ahora, la resolución se adjuntará a la causa de Josep Seguí y cualquier persona que la consulte verá que ha sido anulada. De este modo, se cierra un círculo de más de ocho décadas. Desde la satisfacción y el sosiego, Amàlia Seguí solo lamenta una cosa: «Este reconocimiento ha llegado tarde, porque yo lo que quería era haberlo celebrado con mis padres. Se lo merecían».
El apunte
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