Santa Rita es la ubicación propuesta desde 2017 para una residencia. | Josep Bagur Gomila

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Siete menorquines son usuarios de centros de atención a la discapacidad en otras islas del archipiélago. Tres están ingresados en la residencia de Son Llebre, en Marratxí, y otros cuatro en Son Tugores, en Palma.

Ambos centros de Mallorca atienden a personas adultas con gran discapacidad intelectual y psíquica, necesitadas de apoyos extensos y generalizados para su funcionamiento.
Hasta hace pocos meses también hubo un usuario de Menorca en el centro residencial de Can Raspalls, en Eivissa, que igualmente tiene plazas de carácter interinsular reservadas a los ciudadanos con discapacidad mental e intelectual que no disponen de un recurso especializado en su propia isla.

La falta de una infraestructura específica para atenderles en Menorca les obliga a desplazarse y ser asistidos permanentemente fuera de la Isla, con el consiguiente coste para ellos mismos y sus familias. Can Raspalls dispone, de hecho, de un módulo para discapacitados físicos que asiste a pacientes de Eivissa y Formentera aquejados de enfermedades degenerativas, accidentes de tráfico, ictus o daños cerebrales.

Menorca es la única isla balear que carece de un centro de estas condiciones, una merma que la Fundació de Persones amb Discapacitat se ha propuesto cubrir con el proyecto que desde 2017 viene promoviendo en Ciutadella.

La iniciativa, plasmada en un convenio de intenciones entre el Ayuntamiento, el Consell y el Govern, ha sido retomada por el nuevo gobierno insular que, no obstante, trata de «redimensionarla» al considerar que la propuesta, de 44 plazas y casi 4 millones de coste, resulta excesivamente ambiciosa para las necesidades reales de Menorca.

La futura residencia se construirá en la parcela de 4.500 metros cuadrados que el Ayuntamiento de Ciutadella se ha comprometido a ceder en la zona de Santa Rita. A su lado se levantará también el segundo centro sanitario de la ciudad, complementario del Canal Salat, que ya cuenta con una primera partida reservada en los presupuestos del Govern para el próximo año.
70.000 euros para ayudas

La administración subvenciona en parte los gastos a las familias de los usuarios, que deben costear la estancia de sus allegados y el desplazamiento por ir a visitarlos.

El Consell subvenciona a los afectados con el reparto de 70.000 euros en ayudas, una cantidad que se ha ido incrementando gradualmente desde 2017, cuando la partida asignada a este fin era solo de 40.000 euros.

El próximo martes 21 de noviembre expira el plazo concedido por la institución insular para solicitar las ayudas de este año, con las que pretende sufragar la estancia en centros residenciales terapéuticos fuera de Menorca y los desplazamientos y alojamientos asociados de sus familiares.

Los criterios tienen en cuenta la situación económica y sociofamiliar de los enfermos, que pueden ver financiada su estancia hasta en el 75 por ciento del coste total. El importe máximo anual por el traslado a centros de las Islas es de 1.200 euros y de 2.160 si se tiene que ingresar en residencias de la península.

El apunte

803 menorquines han pedido este año valorar su discapacidad

803 menorquines han solicitado este año ver valorada su discapacidad para recibir las ayudas asistenciales y económicas pertinentes. Suponen el 8,3 por ciento de las 9.648 peticiones de valoración por discapacidad presentadas en Balears en los diez primeros meses de 2023. Un tercio de las solicitudes, 3.612, ya han sido atendidas, pero quedan todavía casi dos terceras partes por evaluar. La próxima semana empezará la formación de personal del IB-Salut, como paso previo para que puedan añadirse al equipo de valoradores de la discapacidad y la dependencia. Con su incorporación, se espera reducir las listas de espera para valoración de los usuarios, que actualmente se sitúa en 14.679 personas. La Conselleria de Familia y Asuntos Sociales considera «delicada» la situación, porque condiciona la calidad de vida de las personas con discapacidad y la de sus familias, lo que obligará a poner en marcha un plan de choque que permita estabilizar la demora en 2024.