La Felib organizó una reunión urgente con la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Govern en la que participaron concejales, policías y veterinarios de la comunidad autónoma | Goib

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La gestión de las colonias felinas, que deben asumir los ayuntamientos desde que entró en vigor la Ley de Bienestar Animal, se ha convertido en una de las mayores preocupaciones para las arcas municipales de los diferentes consistorios de Menorca. La normativa convierte a los ayuntamientos en los responsables legales de todos los gatos callejeros y establece que tienen la obligación de capturarlos, identificarlos con un microchip, castrarlos y vacunarlos con el objetivo de reducir progresivamente la sobrepoblación de las colonias felinas. Los consistorios ya han advertido que asumir esta responsabilidad no resultará ni mucho menos sencillo por el elevado coste económico que supone.

Reunión urgente

Para abordar de manera coordinada la situación y aplicar de manera correcta la norma, en vigor desde el pasado 29 de septiembre, la Federación de Entidades Locales de Balears (Felib) organizó el martes una reunión urgente con la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Govern. En el encuentro, que se desarrolló como una jornada técnica informativa sobre la Ley de Bienestar Animal, participaron concejales de diferentes ayuntamientos y policías de la comunidad autónoma, así como también representantes del Colegio Oficial de Veterinarios de Balears (Covib). Entre los asistentes, estaban los concejales y técnicos del departamento de Medio Ambiente de los diferentes consistorios de la Isla, que coincidieron en que los puntos más importantes de la normativa están en el aire por la falta de un reglamento que desarrolle la ley.

También compartieron la preocupación por la gestión de las colonias felinas y el control de plagas y especies que se reproducen con facilidad en los municipios, como las palomas. Especial énfasis pusieron en el tema de los gatos callejeros que, a nivel insular, desborda a las protectoras de animales de Maó y Ciutadella por la proliferación de felinos y colonias sin control. El Consell insular ya anunció que aumentará la partida que destina a las protectoras de animales para gestionar los centros de acogida hasta los 250.000 euros anuales. También aseguró una partida extraordinaria de 150.000 euros para llevar a cabo un plan de choque de control y castración de las poblaciones felinas.

Es esta la implicación y coordinación entre las instituciones públicas locales e insulares que defendió, durante la reunión urgente del martes a petición de la Felib, el director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fernando Fernández, que insistió en la necesaria colaboración entre las diferentes administraciones para aplicar de manera correcta y eficaz la Ley de Bienestar Animal.