Una vista general de la urbanización de Cala en Porter, una de las zonas residenciales donde tradicionalmente han comprado casas los británicos que veranean en la Isla. | Gemma Andreu

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Han pasado casi cuatro años desde que se firmó el acuerdo de retirada de la Unión Europea por parte del Reino Unido, el 25 de enero de 2020, y pronto se cumplirán tres años desde que finalizó el periodo transitorio para su salida efectiva del espacio comunitario, el 1 de enero de 2021. Sin embargo, sigue pendiente de resolver la reclamación de los británicos con segundas residencias en España, perjudicados por el brexit, ya que solo pueden disfrutar de sus casas 90 días cada seis meses.

Esta situación afecta a unos 8.000 propietarios británicos en la Isla, según el cálculo realizado por los impulsores de la campaña «180 Days in Spain» (180 Días en España), a través de la cual reclaman un trato para los británicos que tienen un hogar en España igual al que había antes del brexit, y reciprocidad entre británicos y españoles. Ahora mismo el castigo por el brexit para los dueños de viviendas en los otros países de la UE continúa, votaran a favor o en contra de la desconexión. Si pasan esos 90 días en su casa de Menorca -una de las zonas del país donde el mercado británico de segundas residencias es muy relevante-, ya no pueden viajar a ningún otro país del territorio Schengen.

«Estamos excluidos hasta el extremo»

Es decir, agotan su cupo hasta que no transcurran otros 90 días, «ni un fin de semana» en otra ciudad europea, o «acudir a un funeral» o una salida relámpago para realizar cualquier gestión, tampoco «volver a viajar a la isla para reparar algo en la casa» o supervisar una obra en su vivienda cerrada, «estamos excluidos hasta ese extremo», se lamenta Jenny Brown, una ciudadana británica con segunda residencia en Binibèquer desde hace más de 40 años.

«Hemos perdido toda la flexibilidad que teníamos», afirma. Para ella, ser residente permanente no es una opción, al margen de las complicaciones burocráticas, «tenemos familia en Londres», apunta, por lo que necesitan viajar a su país. Su marido, Jeremy, se une a la conversación telefónica con «Es Diari» -ahora mismo están en esa parte del año que residen en Reino Unido-, para pedir reciprocidad a las autoridades, «los españoles no tienen esa restricción cuando vienen a Inglaterra, pueden estar seis meses».

Se exponen a multas si incumplen

«Nosotros solíamos invitar a menudo a amigos en nuestra casa en Menorca, cuando venían gastaban en tiendas y restaurantes», algo que ahora, con su tiempo en la Isla limitado, ya han dejado de hacer, comenta Jenny. Preguntada sobre las consecuencias de saltarse esa regla de los 90 días asegura que «puedes ser multado o incluso podrían prohibirte ir a España por un tiempo, es una pena, nosotros pagamos servicios por nuestra casa todo el año, además, hay muchas actividades que realizaba con amistades en Menorca que ahora ya no puedo hacer».

Esta pareja ha renunciado a la estancia que solía realizar en primavera y viene dos meses en otoño. La planificación, el cálculo de tiempo disponible para poder viajar al territorio Schengen, es algo que «me pone muy nerviosa», admite Jenny. En la misma situación está Stephen Berg, un inglés con casa en Son Vitamina, Alaior. En realidad, él pertenece a la segunda generación de británicos con casa en la Isla, sus padres la compraron y pasó a ser suya en 1998, hace 25 años.

«Cuando tienes una casa quieres usarla»

«Básicamente voy y vengo entre los meses de abril y septiembre, cada viaje sale de ese cupo de 90 días, y cuando tienes una casa quieres usarla», explica desde su residencia fija cerca de Londres. «Creo que la restricción también daña la economía de la Isla», y añade que una solución podría ser que les permitieran estancias de 180 días cada 365, es decir, medio año seguido. Mientras tanto continúan las acciones de los propietarios de viviendas en la Unión Europea, en España y en otros países como Francia y Portugal.

La campaña «180 Days in Spain» presiona para que las autoridades políticas escuchen a los propietarios de segundas residencias y se cree una excepción a la regla de los 90 días. Andrew Hesselden es su fundador y promotor, y afirma que están esperanzados tras noticias como la del pasado junio, cuando el Tribunal Supremo anuló la norma que deja sin permiso de residencia temporal a extranjeros si se ausentan seis meses de España.

En cuanto a los propietarios de casas, declara que «pedimos el mismo trato para los británicos con propiedades que antes del brexit, y el mismo trato para los británicos que visitan España que para los españoles que viajan a Reino Unido, esto beneficiaría a esas 8.000 personas en Menorca», y añade que «no están escondidas ni residiendo ilegalmente, solo están esperando un cambio en la ley para poder usar sus casas sin restricciones».

Fuertes vínculos entre la Isla y Reino Unido

En la Isla, según el padrón de 2022, hay 2.108 residentes permanentes que han nacido en Reino Unido. Los promotores de la campaña calculan que esa cifra se multiplica por cuatro cuando se trata de afectados por la restricción para poder disfrutar de sus casas.

La norma de los 90 días es objeto de «consulta recurrente» por parte de los británicos vinculados a Menorca, reconocen fuentes consulares.

El apunte

A diferencia de España, Francia presiona para eximirles de la visa de larga estancia

A diferencia del Gobierno español, otros países han movido ficha para no perder ese importante mercado de turistas fijos, que tienen sus propiedades y generan negocio en las regiones que los acogen. La Asamblea francesa debatirá en diciembre una enmienda al proyecto de ley para controlar la inmigración y mejorar la integración, adoptado ya por el Senado, en la que se especifica que la visa de larga estancia será de pleno derecho para los propietarios británicos de una segunda residencia en Francia; busca simplificar e incluso eliminar este proceso burocrático y ha sido presentada por la senadora conservadora Martine Berthet, del partido Les Républicains.

De aprobarse, no está claro que el Gobierno francés pueda aplicar esa exención, ya que esta no es una decisión que cada estado pueda tomar de forma unilateral. Así lo señaló el anterior ministró de Industria, Comercio y Turismo español, Héctor Gómez, durante su visita a la feria World Travel Market. Allí fue preguntado por los medios locales sobre la regla de los 90 días y aseguró el interés de España en «convencer a la UE» para trabajar en una excepción, pero insistió en que la solución debe venir de Bruselas, ya que requiere el acuerdo de los 27. Esto se antoja muy complicado para los promotores de la campaña «180 Days in Spain», que lo que consideran más viable es un acuerdo bilateral entre España y Reino Unido.

Diversas regiones están a favor de esa excepción, aseguran, como son Canarias, Balears y Comunidad Valenciana.