El diputado Joan Mesquida, en una finca de Menorca para conocer los problemas que desde hace tiempo padece el sector primario.

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El diputado menorquín del PP en el Congreso, Joan Mesquida, ha anunciado que su formación presentará en todos los ayuntamientos una moción en defensa del sector agrario. El documento incluye, entre otras cuestiones, las principales exigencias que componen un plan de choque que el PP tratará de hacer llegar al Gobierno central con «carácter inmediato», y que abarcan desde la rebaja de impuestos hasta las modificaciones legislativas.

El diputado destaca que el campo «atraviesa desde hace tiempo una situación de dificultad provocada por múltiples factores», entre los que ha situado el incremento de los costes de producción, las exigencias burocráticas y regulatorias, la aplicación de la nueva PAC o «una brutal sequía». En cuanto a Europa, desde el PP consideran que «debe acometer las reformas necesarias para reducir el papeleo, para simplificar la normativa y revisar las exigencias medioambientales». Además, el parlamentario menorquín asevera que el Gobierno central «ha estado gestionando de espaldas al campo».

De este modo, el PP ha propuesto un plan de choque al Gobierno central que cuenta con 15 medidas para respaldar al sector, una petición que extenderá a todos los ayuntamientos para que insten al Ejecutivo a implantarlo. Entre las acciones, destacan las relativas a garantizar la producción de alimento y reforzar su imagen, las referentes a los costes de producción o una fiscalidad diferenciada para hacer más accesibles ciertos productos.

Asimismo, el PP exige soluciones que den seguridad jurídica y garantías de funcionamiento del sector, como la disponibilidad de recursos hídricos o la revisión del sistema de seguros agrarios. También la revisión de las actuaciones que puedan suponer un «lastre» para la competitividad, como la implantación de impuestos y el análisis del impacto de nuevas normativas que supongan «competencia desleal para los productos españoles, las medidas de carácter económico para mejorar la financiación y el desarrollo de proyectos, la reducción de carga burocrática y la flexibilización de la PAC».