Año y medio. Es lo que ha tardado la promotora Serveis Inmobiliaris Professionals (SIP) para conseguir la licencia de obras para acabar la promoción de adosados de Sa Coma, el símbolo de la burbuja inmobiliaria, que lleva casi 17 años ya a medio construir.
La junta de gobierno del Ayuntamiento de Ciutadella ha concedido este miércoles la licencia de obras, que la promotora solicitó en septiembre de 2022. La tardanza se debe en primer lugar a que el proyecto inicial constaba de una serie de deficiencias, que la promotora resolvió, entrando un nuevo proyecto. Después la cuestión se enrocó por culpa de Recursos Hídricos, ya que para que el Ayuntamiento pudiera conceder el permiso de obras era imprescindible contar con un informe del organismo autonómico, debido a que la promoción está a menos de 100 metros de un torrente, el del Canal Salat.
Finalmente, y tras una larga tramitación, la promotora ha conseguido la licencia y ya ha abonado las tasas correspondientes, por lo que podrá terminar de ejecutar la promoción. El permiso es para que acabe 12 de los 28 chalés adosados previstos en el proyecto inicial. Son los 12 pareados que están a medio construir. El resto, la promotora los quiere levantar en una segunda fase.
La promotora, como manifestó a este diario, calcula que en un plazo de 14 meses podría tener listos estos 12 chalés. Se trata de casas pareadas de unos 320 metros cuadrados, con un garaje, planta baja, primer piso, buhardilla y dos terrazas, además de un jardín privado y ascenso en cada vivienda que conecta con el garaje.
Un símbolo de la burbuja
La promoción de Sa Coma es el símbolo más claro de la crisis inmobiliaria. El complejo residencial se empezó a construir en 2007 en una parcela de más de 5.600 metros entre las calles S’Avenc, Sa Sínia, Sa Pleta, justo antes de la carretera de Santandria. En 2008 la promoción se paralizó y la empresa quebró. El inmueble pasó a la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que en 2011 fue intervenida por el Estado y posteriormente vendida, a un precio simbólico, al Banco Sabadell. La inmobiliaria del banco catalán, Solvia, se quedó con la promoción hasta que en 2022 la vendió a Serveis Inmobiliaris Professionals (SIP), una empresa de Barcelona, que junto a empresarios catalanes vinculados con Menorca decidieron ejecutar una importante inversión para culminar esta promoción iniciada ya hace casi 17 años.
4 comentarios
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Por lo menos dejarán de hacer feo... En todos caso salvo el feismo esos chalets no son parte de la solución de nada. Más que licencias parece que por cada edificio hay que hacer una tesis. ¡En fin!
¿Existe ALGUNA posibilidad de que nuestros políticos acuerden financiar completamente un equipo del consejo para eliminar la contaminación ambiental visual de los graffitis, tanto históricos como recientemente cometidos? La impresión que el graffiti da a los residentes y visitantes es que Menorca es una isla insegura, plagada de crimen y sin orgullo cívico. Creo que sería un dinero muy bien gastado, con resultados inmediatamente perceptibles en el corto plazo y con mayores beneficios para la sociedad en el largo plazo.
Esto es eficiencia funcionarial. Hay que reconocerlo!!!!
Los sueldos de los genios que otorgan las licencias van año y medio atrasados también ?