Uno de los radares que controlan la velocidad de los vehículos a su paso por Es Migjorn Gran.  | Josep Bagur Gomila

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El Ayuntamiento de Es Migjorn Gran casi ha agotado en un mes el presupuesto anual del que dispone para pagar servicios postales debido a las notificaciones de multas por exceso de velocidad que han captado los radares.

En el último pleno de la Corporación se dio cuenta de un gasto de 51.938 euros en envíos postales de las oficinas municipales, una cifra correspondiente solo al pasado febrero, el 96 por ciento de la partida disponible para este concepto, que asciende a 54.000 euros este año.

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La notificación mediante correo postal a los infractores de la sanción no está incluida en el contrato menor con el Grupo CGi, la empresa especializada en el cobro de tributos y recaudación de administraciones locales con la cual se externalizó el servicio.

Críticas del PSOE

La elevada factura con Correos por estos envíos fue criticada por la portavoz de la oposición socialista, Pilar Pons Goñalons, en el último pleno. Desde el Consistorio señalan que esperan ver disminuir este gasto a lo largo del año a medida que disminuyan las sanciones, una vez que los conductores se habitúen a la existencia de estos controles y respeten los límites de velocidad en el pueblo, 40 y 30 kilómetros por hora según el tramo.

El gasto desmesurado en Correos durante febrero se debe a que ese mes comenzaron a notificarse las sanciones atrasadas, lo que provocó en pocas semanas el envío de centenares de avisos de multas a los conductores. Un problema en el sistema de detección de las infracciones provocó el retraso en la notificación de las mismas y la avalancha de multas posterior, cuando se actualizaron todas las captadas desde el 8 de agosto del año pasado.

El apunte

Están operativos desde junio pasado pero solo se tramitan sanciones desde agosto

Los cuatro radares de Es Migjorn Gran se instalaron el 26 de junio pasado, pero las multas de junio y julio prescribieron, solo se empezaron a tramitar a partir del 8 de agosto de 2023. Desde esa fecha y hasta el pasado febrero se habían registrado casi cinco mil infracciones por exceso de velocidad captadas por los radares. El Ayuntamiento no pudo asumir la tramitación de tantas sanciones y contrató la gestión a CGi. No obstante, la partida destinada a cubrir los servicios postales para notificar las multas la paga directamente el Consistorio.