El GOB alerta que el Govern «abona el terreno a una gran corrupción política»

El coordinador territorial del GOB-Menorca, Miquel Camps, sospecha que el anuncio de una reducción de trámites y papeleo es, en realidad, «una maniobra para tener una mayor incidencia política en las decisiones técnicas».

Se trata, advierte, de una involución, «un retroceso» para quitarse de encima la maraña burocrática de la que tuvo que revestirse la administración tras la oleada de corrupción de hace dos décadas. «No se puede negar que la administración es muy lenta, pero porque la corrupción ha complicado los trámites para dar más garantías al ciudadano. Pero, si ahora los quitan, puede que vuelva a haber casos que acaben en tribunales», avisa.

En este sentido, Camps considera «un escándalo» que el Govern pretenda suprimir la Comisión de Medio Ambiente y sustituirla por un órgano de decisión unipersonal, «porque siempre le resultará más fácil influir sobre una sola persona que sobre ocho».

Eliminar la comisión, remarca, «no suprime en realidad ningún trámite. Los técnicos tendrán que hacer los mismos informes que hasta ahora pero, en lugar de dar cuenta de ellos a la comisión delegada en la que estamos representados entidades, colectivos profesionales y administraciones, lo harán directamente al político y así podrán recibir más presiones. Es un gran error que nos preocupa».

«La comisión -añade- era una garantía para que decisiones que mueven muchos intereses económicos estuvieran exentas de injerencias políticas», por lo que teme que se produzca el efecto contrario.

También por lo que respecta a la tramitación de proyectos ante la Direccion General de Recursos Hídricos. El decreto reduce los supuestos que requieren de forma obligatoria un informe de este departamento, «justamente cuando, por vez primera, nos estamos encontrando con informes que bloquean desarrollos urbanísticos al no haber suficiente agua disponible para atender estos incrementos de población». Una limitación que afecta ahora a municipios como Sant Lluís, Ciutadella, Es Castell o Maó.

Otro atasco importante en la tramitación se produce en la concesión de licencias de obra. El retraso, de hasta un año, con que se otorgan los permisos ha llevado repetidas veces a plantear la colaboración de los arquitectos para informar los proyectos, pero la iniciativa no ha llegado a ver la luz.

El Govern plantea ahora que Entidades Colaboradoras Urbanísticas (ECU) puedan emitir los informes técnicos y jurídicos en lugar de la administración. En Madrid, donde ya se sigue este sistema, se han puesto en marcha gabinetes externos que verifican, inspeccionan y controlan que las obras presentadas se ajusten a la normativa. El trámite es voluntario, de tal forma que el propio ciudadano elige si prefiere tramitar su proyecto ante el ayuntamiento o, por contra, trata de agilizarlo a través de estos entes externos, sujetos a una tarifa de precios marcada por la administración.

No obstante, el presidente de la demarcación del Colegio de Arquitectos en Menorca, Enric Taltavull, elude pronunciarse hasta que, en unos días, se conozca la concreción de esta medida.

En este mismo ámbito, el decreto del Govern propone prescindir de las cédulas de habitabilidad de primera ocupación, un trámite que ahora se formaliza ante el Consell y que supone «duplicar» el que ya requiere el ayuntamiento para certificar que la obra se ha ejecutado según lo previsto.

El GOB sugiere al respecto «la necesidad de que las normas sean lo más claras posible. Muchas veces los trámites se alargan porque quedan sujetos a la interpretación de los técnicos, y este margen de ambigüedad es el que no ayuda».

El decreto de simplificación también pretende incidir para reducir trámites en la autorización de proyectos de energía renovable y facilitar la tramitación de ayudas sociales y proyectos agrícolas.