Europa PressMADRID14/05/10 0:00
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El Partido Popular ha vuelto a registrar una iniciativa en el Congreso de los Diputados para promover que se reconozca a los profesores y maestros la condición de autoridad pública en el ejercicio de sus funciones.

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular ha vuelto a registrar una iniciativa en el Congreso de los Diputados para promover que se reconozca a los profesores y maestros la condición de autoridad pública en el ejercicio de sus funciones.

Esta medida está recogida en una proposición no de ley que contempla un conjunto de iniciativas para frenar la violencia en los menores. Para el PP, este objetivo no puede conseguirse "solamente desde el ámbito penal" (aunque defienden la reforma de la Ley del Menor), por lo que creen que las administraciones públicas, además de a los padres y a los colegios, tiene la obligación de "prevenir y combatir" las situaciones de violencia.

El PP reclama al Gobierno que presente en el Congreso en tres meses un Informe de Evaluación del Plan Estratégico de la Infancia y la Adolescencia 2006-2009, y que elabore un nuevo Plan de la Infancia y Adolescencia, antes de que finalice el año 2010, que contenga un plan específico sobre la violencia en menores.

FIGURA DEL EDUCADOR DE ADOLESCENTES

Otra de las propuestas es potenciar la figura del educador de adolescentes para intervenir con menores de doce a diecisiete años que tengan alguna situación de conflicto, así como establecer una Red de Educadores en todo el territorio nacional, fomentando la creación de esta figura en aquellas comunidades autónomas donde no exista.

El PP también pide al Ejecutivo que desarrolle medidas para reforzar la autoridad de los progenitores en el seno del hogar familiar y que elabore guías de orientación para padres con hijos conflictivos o con problemas de drogas o alcohol.

Igualmente, plantea impulsar servicios de mediación familiar como espacios de prevención y apoyo ante las dificultades que puedan surgir en la convivencia familiar. Otra de las peticiones es que el Gobierno apoye a las ONG que desarrollan labores de atención y programas dirigidos a menores víctimas de violencia y/o abusos y en riesgo de exclusión o marginación social.