TW
0

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León autorizó hoy la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el 'blindaje' del concierto económico vasco, algo "necesario" para evitar "deslocalizaciones" de empresas, como señaló la consejera de Hacienda de la Junta, Pilar del Olmo.

VALLADOLID, 14 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León autorizó hoy la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el 'blindaje' del concierto económico vasco, algo "necesario" para evitar "deslocalizaciones" de empresas, como señaló la consejera de Hacienda de la Junta, Pilar del Olmo.

Del Olmo compareció ante los medios de comunicación junto al consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno para explicar este recurso que toma como base que el 'blindaje' del concierto vasco deja a la Comunidad en una situación de "indefensión", ya que "impide" recurrir las normas forales ante los tribunales ordinarios.

La consejera de Hacienda insistió en que la Junta de Castilla y León no es contraria a los derechos históricos incluidos en la Constitución Española, aunque señaló su obligación de defender los intereses legítimos de ciudadanos y empresas de Castilla y León y que, a su juicio, con este 'blindaje' se ven afectados.

Para Del Olmo el recurso ante el Tribunal Constitucional ratifica la postura "coherente" mantenida por Castilla y León en los últimos años centrada en combatir las rebajas del Impuesto de Sociedades en el País Vasco y que ha llevado al Gobierno regional a presentar hasta 14 recursos, de los que 11 están pendientes de resolución.

Así, la consejera de Hacienda destacó que el otorgar rango de ley a las normas fiscales de las diputaciones de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya es fruto de la "debilidad" del Gobierno de Rodríguez Zapatero y obedece únicamente a la necesidad del apoyo del PNV para aprobar el Presupuesto General del Estado.

Tras estas aclaraciones Del Olmo incidió en que las diputaciones forales aplican a las empresas asentadas en su territorio un Impuesto de Sociedades del 28 por ciento, inferior por tanto al 30 por ciento que está vigente en las demás autonomías. A juicio del Gobierno autonómico, la aprobación de tipos reducidos de Sociedades en cualquiera de las provincias vascas es un claro ejercicio de "competencia fiscal desleal" que perjudica a las comunidades limítrofes y que puede generar "deslocalizaciones" de empresas hacia el País Vasco.

ARGUMENTOS JURÍDICOS

Los argumentos jurídicos sobre los que se sustenta el recurso del Ejecutivo de la Comunidad se basan en que el 'blindaje' priva a la Comunidad de legitimación para impugnar la legislación tributaria vasca, además de vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva y suponer la "desnaturalización" de las funciones del Tribunal Constitucional, ya que le atribuye el control de disposiciones de rango inferior a las leyes.

Finalmente, Del Olmo recordó que la potestad de las diputaciones forales para reducir unilateralmente el Impuesto de Sociedades fue por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, quien "constató" la ilegalidad de algunas normas tributarias vascas ya derogadas.