Garzón.- Asociaciones de jueces defienden que Garzón no puede pedir un traslado después de haber sido suspendido

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) consideran que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no puede otorgar al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón una comisión de servicios especiales para que se incorpore al Tribunal Penal Internacional (TPI), porque ya ha sido suspendido de sus funciones.

En declaraciones a Europa Press, portavoces de estas tres asociaciones de jueces coincidieron en señalar que es incompatible que un juez se encuentre en dos de las cinco situaciones administrativas que contempla la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ): en servicio activo, en servicios especiales, con excedencia voluntaria, suspendido de funciones o en excedencia por razón de violencia sobre la mujer.

Sobre la suspensión acordada esta mañana por el máximo órgano de gobierno de los jueces, reunido en un pleno extraordinario para debatir esta cuestión, las tres asociaciones señalaron que era una decisión "conocida y esperada", puesto que el Consejo no tenía otra opción ante el auto de apertura de juicio oral dictado esta semana por el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela contra Garzón por sus investigaciones de las desapariciones del franquismo.

Sin embargo, las asociaciones mantienen dudas sobre la posibilidad de que la Comisión Permanente, que se ha reunido esta tarde para estudiar la petición de Garzón de incorporarse a la Fiscalía del TPI como colaborador externo, pueda responder favorablemente a esta solicitud.

Para empezar, el portavoz de la APM, Antonio García, cuestiona que la asesoría externa para la que se ha reclamado a Garzón pueda constituir "uno de los supuestos de misión internacional" que contempla la ley para las comisiones de servicios especiales.

Además, defendió que no sería "lo más razonable" que un magistrado, "aun amparado por el principio de la presunción de inocencia", pero con tres causas penales abiertas en el Supremo, pueda ser autorizado para "participar en una actividad a nivel internacional que significa desarrollar una representación que le trasciende en lo individual y que implica al propio poder judicial y al Estado español".

"SEVERÍSIMAS DUDAS JURÍDICAS"

Pero, en cualquier caso, la APM mantiene "severísimas dudas jurídicas" de que una vez "suspendido en funciones esta mañana, y por lo tanto en situación administrativa de suspensión de funciones", pueda estar "al mismo tiempo en otra situación administrativa distinta, como la de servicios especiales". "Un magistrado no puede estar de forma simultánea y al propio tiempo en dos situaciones administrativas distintas", recalcó.

En opinión de Antonio García, "cualquier otro magistrado español que estuviera en las mismas circunstancias no sería autorizado" a este traslado".

Por su parte, el portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), Marcelino Sexmero, afirmó, en el mismo sentido, que todo juez suspendido en funciones "no puede ni concursar, ni trasladarse a ningún sitio, ni siquiera pedir una excedencia".

El magistrado reconoció que es "una medida radical" que sólo pesa contra los jueces y les "penaliza en exceso", pero defendió que del mismo modo que un juez suspendido no puede pedir una excedencia, tampoco puede solicitar un traslado como el que pide Garzón..

No obstante, apuntó que el Consejo tendrá que "decidir si cambia ese criterio", y optar porque "como no se trata ni de un concurso ni de una excedencia" se pueda permitir el traslado.

Igualmente, el portavoz del Foro Judicial Independiente, Conrado Gallardo, defendió que un juez no puede estar en dos situaciones administrativas al mismo tiempo y recordó que la suspensión es "un privilegio", porque el juez conserva su plaza y la antigüedad adquirida.

Gallardo opinó que la Comisión Permanente se reunió esta tarde porque debe dar respuesta a la petición de Garzón y expresó sus dudas porque pueda conceder al magistrado el traslado solicitado.