El médico de la UCIU del ‘Mateu Orfila’, este viernes a su llegada a la sede su judicial | Alejandro Sepúlveda

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Faltaban cinco minutos para las 10.15 de la mañana cuando el médico voyeur de la UCI del Hospital Mateu Orfila, se dejaba ver en las inmediaciones de la Audiencia Provincial de Palma a la que accedía por su puerta principal. Era la oportunidad señalada para que su abogado, los seis de la acusación particular y la fiscal del caso intentaran llegar a un acuerdo que ahora se prevé más cercano para evitar la celebración de un juicio farragoso, tanto para él como para las 95 víctimas a las que grabó clandestinamente en baños, vestuarios y duchas del hospital y en su propio domicilio entre 2016 y 2018.

J.C.L.E., de 45 años y natural de Perú, llegó en solitario a la sede judicial, embutido en un anorak azul, con gafas oscuras y la mascarilla que ocultaban gran parte de su rostro pero fácilmente reconocible dado que mantiene el mismo corte de pelo que le caracteriza. Poco más de una hora después salía de la Audiencia, en este caso acompañado de su abogado, José María Morillas. Cabizbajo, aceptó responder con un escueto «sí» a las preguntas de los periodistas sobre si pedía perdón a sus víctimas. Su abogado le instó a que no contestara a la pregunta de por qué grabó los 1.730 vídeos que recoge la instrucción del caso.

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Como era previsible, no hubo acuerdo definitivo entre las partes implicadas en la reunión que antecedía a la vista previa, finalmente no celebrada, pero sí se avanzó notablemente en las conversaciones. Aunque abogados y fiscal acordaron no dar detalles a los medios, este diario ha podido saber que la conformidad podría cerrarse en las próximas semanas  o antes de la fecha que quedó señalada para el juicio dentro de seis meses, ya que la negociación sigue abierta. Todo apunta a que existe consenso en el tiempo de condena penal y faltaría fijar la indemnización.

La acusación particular pide una indemnización conjunta para las víctimas que ronda los 600.000 euros, mientras que el fiscal y la defensa la sitúan en 211.000. En cuanto a la condena en prisión, que quedaría rebajada, es de 10 años y dos meses, según la valoración del Ministerio Público y la defensa, y de 29 años, según la suma de todos los delitos que hacen las acusaciones particulares.

Estas solicitan que quede inhabilitado durante 70 años para ejercer su profesión tanto en la medicina privada como en la pública, mientras que su defensa y la Fiscalía la sitúan en el mismo tiempo de la condena penal.