María Raquel Andeme, nacida en Guinea Ecuatorial hace 29 años, tendía la ropa en su casa de Maó el 1 de febrero de 2021 cuando la Policía Nacional irrumpió y la detuvo a ella, a su madre y más tarde a su hermano en su lugar de trabajo. Fueron tres de las siete personas de tres familias ecuatoguineanas residentes en Maó y Es Castell, arrestadas por presunta explotación sexual y corrupción de menores, a partir de las denuncias de una paisana y de la nieta menor de una de las acusadas. Un año después el juez ha resuelto que los cargos no tienen fundamento y ha archivado provisionalmente el caso.
Quizás el ánimo de venganza de su compatriota sumado a una actuación policial deficiente, indica la joven africana, han motivado que en los más de 12 meses transcurridos desde entonces la vida de estas mujeres haya quedado marcada para siempre. María Raquel ha pasado ocho meses y medio sin poder ver a sus dos hijas, de 5 y 17 años, porque quedaron bajo la tutela del Consell; su madre falleció el mes pasado, en parte por el dolor y la vergüenza que ha padecido en este tiempo aquí y en Mongomo, su pueblo, donde llegaron todas las noticias; y su hermano ahora tiene trabas para conseguir la residencia al haber sido detenido. «No me importa que se sepa quién soy, ya me han hecho demasiado daño», señala al inicio de esta entrevista.
Andeme llegó a Menorca en 2008 tras la estela de su madre y de su tía. Más adelante pudo traerse a una de las dos hijas que tuvo en su país, y hace cinco años dio a luz a otra niña en Menorca. En el mismo domicilio vivían todas junto al padrastro menorquín, con el que se había casado su madre, y con quien, admite, no se llevaba bien.
«Cuando la Policía nos llevó a la Comisaría no entendíamos nada», explica. «A mi pareja, que estaba en la cama en zapatillas cuando me detuvieron, le preguntaron si era mi cliente y a mi madre, que iba a entrar en el baño para asearse, ni siquiera la dejaron que lo hiciera, ya nos trataban como delincuentes porque nos acusaban de prostitución, trata de menores, explotación, falsificación de documentos… lo peor de lo peor». Un policía le dijo «que yo estaba prostituyendo a mis hijas de 4 y 16 años, y que tenían pruebas, ¿dónde están?».
Tras tres días en los calabozos, en el furgón policial, camino al Juzgado, María Raquel pudo hablar con las otras detenidas y supo que otra compatriota las había denunciado. «Acusó primero a la familia de Es Castell, diciendo que la abuela de esa casa prostituía a su nieta, y luego nos incluyó a las otras dos familias de Maó».
La nieta del núcleo de Es Castell fue inducida por esa paisana para que denunciara a su abuela. «No es una buena persona, siempre hace daño, ya me lo había hecho otras veces y por eso ya la habíamos apartado; ella le calentó la cabeza a la niña para que denunciara a su abuela diciendo que la maltrataba y que la trajeron para prostituirla, y luego ella misma contó todo esto ante el Consell poniéndose también como víctima». Pero María Raquel asegura que «todo es mentira, mi madre tiene 35 nietos y jamás haría esto y la señora de Es Castell tampoco, es una mujer decente y respetable, con propiedades para vivir y que no se mete con nadie».
Los motivos de la acusación de su paisana los desconoce, «aunque dicen que fue para vengarse porque somos del pueblo del presidente de nuestro país, aunque no estamos emparentados con él; ella ha ido presumiendo de que nos ha metido en este proceso ante otros paisanos». Añade que su especialidad «es hacer daño, por eso dijo que también mi madre prostituía a mis dos hijas y nos implicó a todos los del mismo pueblo».
Sin embargo, el testimonio de su padrastro menorquín resultaría clave para que la acusación siguiera adelante. «Teníamos otros problemas familiares en casa con él, es cierto». María afirma que él fue engañado para que declarara que en su casa se ejercía la prostitución, «porque así creía que me echarían de allí y le dejarían tranquilo a él y a su mujer, o sea, mi madre». Pero, añade, «la Policía tiene que hacer bien su trabajo, ir al colegio de mis hijas y preguntar, comprobar si lo que se dice es cierto, y no lo hizo».Por eso afirma que «no sabía que en este país alguien puede acusar a una persona y esta ser detenida sin que haya ninguna justificación». Cuando la investigación se inició, «yo vivía en Cala Galdana, trabajando todo el día, y según la Policía, desde allí prostituía a mis hijas». Concluye que «esta mujer montó una película en su cabeza, la Policía la creyó y nos llevó a esto sin ninguna prueba».
Pese a que el juez ha archivado provisionalmente el caso, «aún no nos han devuelto ni el ordenador de mi hija, que era nuevo, ni los teléfonos donde no encontraron nada, ni los pasaportes».
Lo peor fue descubrir que se habían llevado a sus hijas «y ahí empezó mi gran calvario, he estado ocho meses y medio sin verlas porque decían que el juez me había puesto orden de alejamiento». Explica que «me fui a vivir a Alaior con mi pareja para no montar un escándalo si iba a por ellas». Llegó un momento, explica, que «me volví loca cuando me dijeron que a la pequeña la iban a dar en acogida o adopción, prefería morir que vivir eso, y mi madre no pudo soportarlo». La mediación de su abogada consiguió revertir la situación y tras varias visitas controladas pudo recuperar a sus hijas, «la pequeña no entendía por qué estaba en el centro de menores y me rechazaba por eso, y la mayor salió de allí fumando droga y bebiendo, lo que no hacía antes viviendo conmigo, todo ha sido desastroso para mi y para mi familia».
1 comentario
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Calumnia,que algo queda.El sistema se aprovecha de familias que no saben o no pueden defenderse.La presunción de veracidad de los funcionarios ante los jueces es en ocasiones dramática.La solución puede pasar por poner las cosas en manos de un buen abogado,y ,al 50/50%, pedir una ejemplar indemnizacion por daños morales.