El trabajador lo denunció a la Policía Nacional de Maó, después de que el empresario no cumpliera los compromisos adquiridos.

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La Policía Nacional de la Comisaría de Maó mantiene en situación de investigado a un empresario del sector agrícola, presuntamente por intentar ‘comprar’ a uno de los empleados que trabajaba para él estando en situación administrativa irregular ya que carecía del permiso de residencia. El trabajador sufrió un grave accidente laboral que le provocó la pérdida de un dedo de una mano cuando manipulaba una máquina, en noviembre del pasado año.

El empresario, de unos 40 años de edad, ha quedado como investigado por un delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros y por coacciones al herido, un ciudadano extranjero de 44 años. Según las averiguaciones policiales, el hombre que sufrió la amputación de su dedo, no era el único que trabajaba para él pese a estar sin papeles, como se denomina en lenguaje coloquial a los empleados en situación irregular. Otras cinco personas extranjeras prestaban servicio para este propietario de una explotación agrícola en el municipio de Maó sin tener la documentación requerida para trabajar en España.

A raíz del accidente laboral, temiendo ser descubierto si el trabajador le denunciaba ante la Policía o en el Jugado, el empresario llegó a ofrecerle varios beneficios. Entre ellos, se comprometió a ayudarle para que pudiera traer a España a sus familiares directos, además de una elevada suma de dinero e incluso un domicilio donde residir en Menorca. Incluso le ofreció firmar un documento por el que le garantizaba el cumplimiento de todas estas prebendas. El trabajador pese a los ofrecimientos del empresario decidió acudir a la Comisaría y denunciar lo que le había sucedido este pasado mes de junio. Cabe interpretar, por tanto, que no habría cumplido con los compromisos adquiridos con él por lo que este decidió denunciarle.

A raíz de la denuncia, y una vez concluida la fase de investigación, la Policía Nacional ha dado cuenta del caso a la Fiscalía de Menorca y a la autoridad judicial competente. El empresario, que ya ha dado de baja la empresa a través de la que mantenía la explotación agraria, también ha quedado implicado en el delito de lesiones graves por la que sufrió su trabajador y puede enfrentarse a una elevada sanción si finalmente resulta acusado por la Fiscalía.