Las dos viviendas adosadas están en la calle Llucmajor, en la barriada de Dalt Sant Joan. | Katerina Pu

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Una pareja de Maó ha sido condenada a pagar 11.000 euros como autora de un delito de defraudación del suministro eléctrico a sus vecinos entre las dos viviendas adosadas, ubicadas en la calle Llucmajor, en la barriada de Dalt Sant Joan.

La sentencia, que ya es firme puesto que acaba de ser ratificada en su totalidad por un tribunal de la sección segunda de la Audiencia Provincial a la que habían recurrido en apelación los denunciados, obliga al hombre y la mujer propietarios de la casa, al pago de una multa de 3.000 euros cada uno. Además, deben indemnizar a sus vecinos con 4.918 euros.

La familia denunciante advirtió, gracias a la intervención de un electricista cuando instalaba placas solares en su casa, que la caja de conexiones situada en una pared medianera con la casa de su vecino estaba manipulada. Aquel, desde su propia caja, había hecho un agujero para acceder a la otra y conectar su red eléctrica a la de la familia que acabaría denunciando la usurpación.

Debido a esta conexión ilegal las facturas de la compañía suministradora se vieron incrementadas. El cálculo de los técnicos contratados por los vecinos afectados durante 10 años hasta el 30 de diciembre de 2022 cuando descubrieron la anomalía es de 4.918 euros. En canto se produjo la desconexión el consumo eléctrico facturado a la vivienda se redujo considerablemente.

Las casas habían sido construidas en 2007, y los demandados habían sido los únicos que habían vivido en ella desde entonces, de ahí que el juez les atribuya la autoría de la defraudación.

Tras abrir la caja de conexiones comprobaron como un cable de la caja de la vivienda del demandante se adentraba en la parte trasera de la caja, en dirección a la casa colindante. En el extremo curvo tenía un cable conectado, pelado y enrollado con cinta aislante.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Maó dictó sentencia condenatoria el pasado diciembre, y la Audiencia Provincial ha desestimado el recurso de apelación de la defensa. Este argumentaba que se había desvirtuado la presunción de inocencia de los demandados y ocasionado una situación lesiva a su derecho por el comportamiento «desaforado y poco respetuoso del denunciante», lo que no ha sido considerado por el tribunal que también estima ajustada al delito tanto la multa como la indemnización.