El amianto es un material altamente peligroso para la salud, y su inhalación puede provocar enfermedades respiratorias graves, como el cáncer de pulmón. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha emitido varias declaraciones sobre el amianto, destacando su peligrosidad para la salud y la necesidad de tomar medidas para su eliminación. Ha instado a los Estados miembros a tomar medidas para eliminar el amianto y reducir la exposición de la población a este material peligroso.
En España, desde los años 50 del siglo pasado, el amianto, principalmente el crisotilo, se utilizó de manera generalizada, al igual que en la mayoría de países europeos, debido a sus excelentes propiedades y a su bajo coste. A pesar de que su utilización y comercialización está prohibida desde 2002, todavía existen edificios y elementos industriales construidos en fechas anteriores a su prohibición que contienen amianto. Además, el 60% de los españoles desconoce si hay amianto en las instalaciones de su hogar. La retirada del amianto es una tarea urgente y necesaria para garantizar la salud y seguridad de la población, y la Ley 7/2022 establece la obligatoriedad de identificar los edificios de titularidad municipal que contienen amianto, para establecer un calendario para retirar este mineral que tiene efectos cancerígenos en la salud de los ciudadanos. Según un informe de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, en España hay más de 700.000 toneladas de amianto en desuso.
Es importante destacar que la tarea de la retirada del amiento debe ser realizada por empresas autorizadas, y debidamente preparadas técnicamente, para evitar riesgos. La retirada de cualquier material que contenga amianto, desde el año 2002 en España, debe realizarse por una empresa inscrita en el RERA (Registro de Empresas con Riesgo por Amianto), el organismo oficial que controla y regula todas las empresas que manipulan este material.
