La estructura administrativa que nos rodea ha tenido a bien dotar a los ciudadanos de un organismo que controla las consecuencias ambientales de todos y cada uno de los proyectos públicos que quieren sacar adelante las administraciones públicas. En nuestra tierra, a este organismo se le conoce como la comisión balear de Medio Ambiente (CBMA). Su tarea es analizar con lupa todas las iniciativas para conocer su afectación al entorno y, si es necesario, introducir cambios en el proyecto para que sea menos perjudicial para el medio ambiente. Sin el beneplácito de esta comisión no hay proyecto que salga adelante. Los responsables de Ports de les Illes Balears lo sabían, y por eso temían el análisis que la CBMA pudiera hacer del proyecto de prolongación del dique de Ciutadella. Sus temores eran fundados, puesto que hablamos de alargar 80 metros un dique, es decir, toneladas y toneladas de hormigón, puestas además sobre una pradera de posidonia, y con un impacto visual indiscutible.
La sorpresa de la votación del pasado jueves fue mayúscula. El máximo organismo público de la comunidad en la salvaguarda del medio ambiente decidía que tamaño proyecto no necesitaba ningún análisis ambiental. Tal cual. La mayoría de los señores responsables de la CBMA hicieron caso omiso de un informe técnico, es decir, del criterio de los expertos, para aferrarse a una interpretación jurídica discutible y considerar que alargar 80 metros un dique sobre el mar no es un cambio sustancial en un proyecto de obra pública. Es decir, los señores de Medio Ambiente decidieron que el medio ambiente no era importante en ese caso.
Servidor se pregunta por qué en esta ocasión no interesa, pero en otros proyectos menores sí. La respuesta la ofrecieron en el seno de la comisión los propios señores de Ports: en este caso, la economía pesa más que el Medio Ambiente. Hacer una evaluación de impacto ambiental significa tiempo, y en una obra como la del dique tiempo es sinónimo de dinero. Pero claro, servidor se vuelve a preguntar si, para ahorrar varios meses o unos cuantos millones, nos tendremos que cargar un poquito más nuestro preciado medio ambiente. ¿Será que lo del título de Reserva de la Biosfera sólo es aplicable en determinados casos, y en otros hay permiso para mirar hacia otro lado? ¿Será que las presiones de la empresa por cobrar tienen más fuerza que el posible impacto sobre nuestro medio ambiente?
Mención especial merece en este caso el presidente de la CBMA, Ramon Orfila, quien sí aplicó los criterios medioambientales y fue de los pocos que votó para que se realizara la evaluación de impacto ambiental. Igual hizo el GOB, pero no así la alcaldesa de Ciutadella, Pilar Carbonero, y el conseller de Ordenación del Territorio, Joan Marquès. Viendo estas votaciones, servidor se interroga de nuevo sobre si a partir de ahora, Carbonero y Marquès pueden hablar de criterios ambientales con total impunidad, cuando han priorizado los criterios económicos antes que los ambientales. Y está muy bien mirar al bolsillo, más cuando gastas el dinero de todos los ciudadanos, pero lo que no está tan bien es apartar la vista del medio ambiente cuando interesa.
En definitiva, el dique sigue teniendo luz verde. Sorprendente que este proyecto siempre salga adelante, pase lo que pase, y cueste lo que cueste.
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