Un desembarco ¿necesario?

El protagonismo de Joan Triay en este caso es evidente. Hace ya tiempo que se convirtió en el "enemigo número 1" del grupo político que formó Avel·lí Casasnovas. El Ayuntamiento mandó a la Fiscalía Anticorrupción las 51 conclusiones de la comisión de investigación. Pero además, UPCM presentó una querella en el Juzgado número 2 de Ciutadella la segunda semana de enero. El 3 de febrero, el juzgado decretó el secreto de sumario, que fue prorrogado otro mes, hasta el 3 de abril. Por otra parte, el mismo mes de enero, la Fiscalía pedía la presencia en su sede en Palma de Joan Triay, quien declaró ante uno de los fiscales por el caso CITUR. Finalmente, la semana pasada, un grupo de agentes de la Guardia Civil se trasladó a Ciutadella y pidió a Triay una ampliación de la información. Todo estaba a punto para la intervención que se desarrolló ayer.

El desembarco de la Fiscalía Anticorrupción a las 9 de la mañana ante las puertas del Ayuntamiento ha dejado en el aire algunas preguntas. ¿Era necesaria una acción tan espectacular cuando el Juzgado de Ciutadella ya disponía de documentos e información sobre las posibles irregularidades en CITUR?. Efectivamente el Juzgado y la Fiscalía disponían de las 51 conclusiones de la comisión de investigación y 101 documentos, pero no contaba con todos los expedientes originales. Posiblemente eso es lo que han ido a buscar, además del contenido de algunos ordenadores donde supuestamente se modificaron decretos para que las fechas no demostraran las irregularidades.

Las pruebas parecen apuntar hacia un montaje para la adjudicación de proyectos al ingeniero Daniel Aguiló Ferretjans, con despacho en Palma. La investigación también plantea la conexión de Aguiló con la empresa MAB. de Javier Lyi, a quien se adjudicó la gerencia de CITUR, cuyos trabajadores han afirmado que apenas le conocían. El exconcejal de Turismo, Gabriel Cardona, que aspiró durante un tiempo a tener una dedicación exclusiva en el equipo de gobierno del PP, se presenta como el posible responsable directo de las irregularidades en CITUR.

Sin embargo Llorenç Brondo y Avel·lí Casasnovas también han sido detenidos. El primero firmó adjudicaciones de proyectos a Aguiló, algunos de los cuales supuestamente ya se habían llevado a cabo. Es el caso de la tercera fase del Palmeral de Cala en Blanes. En una reunión del consejo asesor de CITUR, con Brondo como presidente y Cardona como vicepresidente, en marzo de 2008, afirmaron que las obras estaban acabadas y dos meses después se adjudicaba el proyecto por 12.000 euros. En el caso de Avel·lí Casasnovas, firmó resoluciones del Pla Mirall de adjudicaciones a Daniel Aguiló, así como posiblemente ordenó algunos pagos incluso antes de que se emitieran las facturas.

El caso CITUR ha dado un vuelco espectacular a raíz de la intervención de la Fiscalía Anticorrupción. Las formas en que se ha producido generan dudas y afectan a la imagen y al prestigio personal de las personas detenidas. Hay que valorar la presunción de inocencia, y la culpabilidad deberá demostrarla la Fiscalía.

De todas formas, lo que se ha de ver en el Juzgado seguirá su curso, pero lo que queda en Ciutadella es la constatación de que la gestión municipal del anterior equipo de gobierno del PP-PMQ sigue bajo sospecha, con suficientes evidencias de las irregularidades. A pesar de ello, también habría sido lógico que el Juzgado número 2 de Ciutadella reuniera toda la documentación necesaria, se instruyeran las diligencias y se procediera al juicio oral. En ese caso, el impacto informativo no habría sido el de ayer, pero se ha de suponer que el resultado habría sido el mismo, para bien de la Justicia.