AGUILÓ, BAUZÁ Y GARCÍA. Con gesto serio, anunciando la eliminación de 92 empresas públicas - Archivo

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JOSÉ RAMÓN BAUZÁ se ha dejado crecer una barba recortada, lo que, además de provocar la renovación de los archivos de prensa, ha dado rienda suelta a las interpretaciones. ¿Será porque está de moda? ¿En solidaridad con quienes no tienen ni para hojas de afeitar? ¿Un mensaje subliminal para explicar los recortes? Antonio Machado dijo que "en política solo triunfa quien pone la vela donde sopla el aire". Ahora la tramontana obliga a reducir el gasto de las administraciones para conseguir limitar el déficit público al 1,3 por ciento del PIB regional cuando en junio ya estaba por encima del 2. Casi todo el mundo sabe que la reducción de un gasto público desproporcionado es imprescindible y Bauzá hace lo que debe. Acompañado del conseller-profesor, Pep Ignasi Aguiló, y del experto en recortes, Joaquín García, jefe de la Oficina de Control Presupuestario, ha anunciado la eliminación de 92 empresas públicas de las 167 existentes. Sin embargo, la política de recortes no da aire, se lo quita al político, del que se espera algo más que apretar el cinturón, y a quien sufre en carne propia el efecto de las tijeras. De todas formas, la oposición, que insiste en que el presidente explique las medidas que ha tomado en tres meses para favorecer la economía, debería optar por la prudencia verbal. ¿O es que tampoco vieron venir la crisis y por eso no aplicaron la austeridad necesaria?. En eso, Zapatero, que no ha sido el primero de la clase en economía, se les adelantó. A ver si al final, los socialistas de las autonomías van a hacer bueno al casi expresidente.

DE DÓNDE RECORTAR es más importante que no cuánto hay que ahorrar. A veces da la impresión que se tachan los gastos sin mirar para qué sirve ese dinero público. La política del "ahora te quito y ya veremos si después te doy" está levantando ampollas. Las asociaciones de discapacitados de Mallorca ya han conseguido el primer renuncio del equipo del presidente Bauzá. Él y todos los responsables de las administraciones públicas no pueden asegurar que se van a mantener los servicios básicos y después desnudar a entidades como Caritas. ¿Existe algún servicio más básico?. Y en el mismo BOIB en que se publican algunos de los recortes se anuncia la contratación de Juan Domínguez y Antoni Juaneda, dos veteranos políticos del PP, como asesores del conseller Simón Gornés. ¿También van a prestar un servicio básico?. En tiempos aciagos, aunque no estemos acostumbrados, el ejemplo político debería consolar más que desanimar. El presidente animaría si los recortes también incluyeran la estructura política, que ha adelgazado poco en los últimos meses. ¿Hacen falta 59 diputados autonómicos?. Una pregunta así no cuestiona la participación democrática, sino lo que ahora está sobre la mesa, la viabilidad económica del sistema. Si de los recortes se va a hacer un traje, no deberían tomarse medidas solo a los profesores, a los médicos, a las entidades sociales, a los sindicalistas. Además, el traje debe parecer nuevo, sin serlo. Para ello no hace falta adoptar decisiones estéticas, como la supresión de la paga extra de Navidad, un sacrificio que no debería pedirse a nadie. Las miras, más altas. Se despide en la empresa privada; se despide en la empresa pública; ¿no se va a despedir algún político y amortizar su puesto, aunque sea con un comprensible coste de incremento del paro?. Bastaría, después de los preceptivos cambios legislativos, pasar lista de los nuevos parlamentarios y poner algunas cruces. Eso también ayudaría a alcanzar la misión especial del Govern: controlar el caballo desbocado del déficit, que se llama "4.000 millones", y empezar a pagar las facturas a los proveedores, nada menos que 1.104 millones.

AGUILÓ, BAUZÁ Y GARCÍA. Con gesto serio, anunciando la eliminación de 92 empresas públicas - Archivo

LA PODA ES EL PASO PREVIO AL CRECIMIENTO y la pregunta lógica es cómo vamos a crecer para recuperar el bienestar como estado normal de la sociedad. El Govern confía en la respuesta de la iniciativa privada, especialmente en el sector turístico. Es la opción más económica y seguramente la más eficaz. A pesar del debate, solo apto para expertos pero popularizado por políticos y comentaristas, sobre si Obama apuesta por Keynes y quiere salvar al país, algo muy americano, a base de inversión pública, por estos lares europeos ha quedado claro que con los euros de todos no se levanta ni el ánimo y por tanto habrá que recurrir a la inversión privada. El conseller Carlos Delgado ha puesto la directa. Una nueva Ley General Turística mejorará las expectativas de negocio y financiación de las empresas hoteleras, entre otras medias con el condotel, y así éstas invertirán más en las Islas, o eso se espera. Han resucitado algunos proyectos, entre ellos el del nuevo puerto de Cala en Bosc, con una inversión estimada de 38 millones de euros. Mucho dinero cuando sobraba y más difícil de conseguir ahora.

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El Govern tiene previsto crear lo que denomina un "servicio de seguimiento de inversiones estratégicas", en otras palabras, alguien, dicen que funcionarios, trabajando para facilitar las cosas a los empresarios que quieran invertir en las Islas. Facilitar no es sinónimo de conseguir. Los fiscales se han encargado de poner las cosas difíciles a los antiguos "conseguidores". La idea de facilitar, ante una administración que levanta muros burocráticos con cada norma que aprueba, es interesante y necesaria. El que quiera arriesgar aquí su dinero debe sentir una cierta simpatía y no una desconfianza de entrada. El "de entrada, sí" de Carlos Delgado va a traer cola y se atisban polémicas en el horizonte. Hasta ahora, todas las manifestaciones del Govern van en el mismo sentido: los proyectos van a ser compatibles con la conservación y el respeto al medio ambiente. Está bien como marco general pero habrá que descubrir los matices de la obra y hacer las preguntas necesarias en el momento adecuado. Por ejemplo, en estos tiempos de escasez se debate la construcción de campos de golf sin una sola plaza residencial. El debate no se refiere al uso de agua depurada, que hay suficiente, sino a si algún empresario va a sembrar de verde y a recortar la hierba de 40 hectáreas como un proyecto para mejorar el producto turístico, sin esperar una mínima rentabilidad. En su momento, se planteará un dilema: o un campo de golf con una determinada oferta residencial y complementaria o vamos a desviar la vista a otros negocios compatibles y viables.

OJO CON LAS INVERSIONES PÚBLICAS y el reparto territorial. Hay que pensar que con Mallorca somos vecinos, pero cada uno tiene su familia. De momento, hay dinero para el Palacio de Congresos de Palma, diez millones de euros, pero no lo hay para el Parc Bit de Alaior. El antiguo director de Autoridad Portuaria Joan Verger solía decir que las inversiones en Palma tenían más rentabilidad. Un ejemplo: si construía un muelle para cruceros en la capital balear, le llegaban 100.000 turistas más. En Maó serían 1.000. Este argumento corresponde a un mallorquín 'continental'. Por eso, el presidente del Consell, Santiago Tadeo, tiene mucho trabajo en Palma.

QUIEN ESTÁ DESPLEGANDO LA ARTILLERÍA es el conseller Luis Alejandre en materia de transporte aéreo. Es posible que se estén poniendo las bases para conseguir una mejora considerable y una respuesta a la reivindicación. Con una actitud colaboradora de la Plataforma vecinal y una implicación de las compañías aéreas, el general ha conseguido un actitud del Govern que, de momento de palabra, entiende que Menorca y Eivissa deben tener un trato diferenciado, por el coste de la doble insularidad. La idea de una tarifa plana y universal es atractiva. Escuchar de boca del director general de Aeropuertos y Puertos del Govern, Antonio Deudero, que la subvención para los menorquines y pitiusos debe ser mayor para compensar el coste adicional es un bálsamo para los oídos. Alejandre, todavía descubriendo las trincheras de la política, sabe que hay muchas batallas que luchar en escenarios situados en Palma, en Madrid y quizás en Bruselas. El objetivo es ganar la guerra y pagar menos de 30 euros por viajar a Palma.