Habían defendido los ejecutivos y el presidente del Menorca Bàsquet hasta la saciedad cuando el incendio comenzaba a quemar las débiles estructuras del club que la llave del agua para sofocarlo estaba en poder de las instituciones públicas. Detallaban los dirigentes que el coste de la subsistencia del club iba a suponer, prácticamente, idéntico desembolso para las arcas del Govern Balear y Consell Insular de Menorca tanto si continuaba en el campeonato profesional -ACB o Adecco Oro- como si finalmente se veía obligado a su disolución.
Y así es, o mejor dicho, así debía haber sido. Tanto una institución como otra llegaron a admitir, como reclamaba el Menorca, 1.088.000 euros de débito con la SAD (820.000 del Govern Balear y 268.000 del Consell de Menorca) correspondientes a subvenciones firmadas que nunca llegaron a su destino en el Pavelló Menorca. De haberlo hecho el pasado julio como suplicó la entidad, incluso con la mitad de esa aportación, la Isla mantendría hoy su presencia en el baloncesto nacional y continuaría paseando su nombre por la geografía española.
No lo hicieron, y a la vista de los acontecimientos, no tienen ninguna intención de hacerlo, posiblemente, porque el Menorca hace tiempo que dejó de ser una urgencia para la clase política considerando las telarañas que invaden las arcas autonómicas.
El Consell de Menorca ha salido bien parado en la negociación con los administradores concursales. Pagará apenas el 40 por ciento de lo que tenía documentado y absolutamente nada de lo que había comprometido aún sin haber estampado ninguna firma. Y el Govern Balear, directamente, ha dicho que no puede hacerlo.
Está claro que no era el mismo coste la subsistencia de la entidad que su desaparición. Sencillamente porque no iban a pagar. Es la lamentable invulnerabilidad de la clase política.
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