Autoridad Portuaria es un gobierno técnico. El papel de los técnicos adscritos a la administración ha cambiado con el tiempo. En la transición, cuando la falta de experiencia generaba un respeto preventivo, los técnicos se sentían protegidos en su labor. Después, se creó la idea de que los técnicos debían hacer posible las ideas de los políticos. Ahora, la desafección política hace que los técnicos puedan incluso ser los "rescatadores".
Autoridad Portuaria es un organismo técnico por definición y más ahora. José María Urrutia, su presidente, como la mayoría de militares en cargos de confianza, se encuentra más cómodo en el perfil técnico que en la gestión política. Las normas son las normas y "no me voy a apartar un ápice", decía Urrutia en la entrevista de hace unos días. Sus antecesores Verger y Triay, políticos en fase de salida, se mostraban más dispuestos a la negociación, al diálogo que permite hacer las cosas posibles. Y los dos fueron a por lana y salieron trasquilados.
Autoridad Portuaria se merece la mayor parte de las críticas que ha recibido. Entre todos, hemos puesto en la diana al organismo gestor del puerto de Maó. Incluso algunos le han expresado a Bauzá el disgusto menorquín por la actitud "técnica" de Urrutia. Criticar a APB puede ser motivo de consenso, pero es un objetivo engañoso. El organismo es el mismo que gestiona los puertos de Eivissa y de Palma. Hace ya unos años, el video promocional de APB (no sé para qué necesita promoción) se refería a tres grandes proyectos: el dique de Botafoc de Eivissa; el muelle para cruceros de Palma y la reforma del Cós Nou de Maó. Los dos primeros están operativos. Aquí, todavía estamos inmersos en la marejadilla. Estamos mareados, vaya.
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