Lo importante es el relato, aunque sea inverosímil, incoherente y contradictorio. Como la depuradora de Binidalí, que fue inaugurada hace 16 años pero aún no ha entrado en funcionamiento, porque ‘sólo’ falta ‘una’ autorización de Costas para instalar el emisario submarino. Y sin esta canalización, naturalmente, no funciona, pero está inaugurada.
El relato sobre las excelencias del nuevo PTI y la revisión del Plan General de Ciutadella no se aguanta porque se desconoce cuándo empezarán a aplicarse, con la confusión que generan dos normativas que se solapan. A diez semanas para las elecciones siguen faltando informes preceptivos y dictámenes.
El próximo Plan General de Ciutadella -aún sin fecha para su aprobación definitiva- encarece las viviendas de nueva construcción al prohibir las que ahora se pueden edificar en ático (bajo cubierta) como una vivienda independiente, siempre que la entrada se ubique en la planta inferior.
Otro relato que chirría: como ni los padres ni los profesores -tampoco los alumnos- entienden la Lomloe que se empeñó en aprobar el Gobierno, la Conselleria de Educación permite a los centros educativos seguir un año más sin aplicar las notas de la nueva ley. Ante las quejas recibidas, podrán mantener el sistema de evaluación tradicional, sin utilizar el diseñado por Martí March a través del portal Gestib. Los directores pidieron modificar los informes de evaluación para hacerlos «más sencillos y comprensibles para las familias». Esta solicitud fue rechazada y las notas de la Lomloe quedan en papel mojado.
March se despedirá de Menorca sin haber empezado ni las obras del nuevo Centro de FP de Hostelería en Ciutadella, ni la nueva escuela de Es Mercadal y tampoco el Conservatorio de Música. Asignaturas que no se han aprobado durante este mandato.
Se acaba el 3 de abril
La legislatura 2019-2023 termina el 3 de abril, cuando Francina Armengol firmará el decreto de convocatoria de las elecciones autonómicas y los consells, lo que implica la disolución del Parlament.
Como explica Nekane Domblás: «en ese mismo momento se acabaron los anuncios propagandísticos de las instituciones. La legislación electoral no permite jugar con ventaja a quien gobierna, así que, desde el momento en que se convocan las elecciones, el Govern no podrá seguir realizando actos de propaganda de sus logros. Se acabó».
De ahí la gran concentración de candidatos por metro cuadrado, ayer, en la Fira del Camp de Menorca, en Alaior, donde había más políticos -en ejercicio y aspirantes- que ejemplares de raza vacuna.
PSOE: del sí al no
Otro relato que no se entiende: el PSOE vota a favor, en el Parlament, de la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para que las comunidades autónomas puedan regular (léase limitar) el precio de los alquileres, y, en cambio, vota en contra cuando esta proposición llega al Congreso de los Diputados.
Correspondió al diputado mallorquín del PSIB-PSOE Pere Joan Pons el singular papelón de defender el ‘no’ en el Congreso con la peregrina excusa de «en breve saldrá la Ley de Vivienda que lo contempla».
Salta por los aires el relato socialista porque el Parlament, según el artículo 22 del Estatut, puede acordar esta limitación o bien que el Gobierno autorice esta potestad a las autonomías. Y para más pitorreo, el PSOE argumentó su rechazo al «Dictamen 7/2020 del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña», organismo que carece, aunque no lo comprenda el PSM, de decisión y competencias para Balears
«Menorca vals»
En el relato de los vales de compra para la campaña «Menorca Vals» del Consell aparece que se pueden adherir empresas con domicilio fiscal fuera de Menorca, incluso fuera de Balears.
Una buena iniciativa para Menorca y para el comercio local que, con este criterio, acabará beneficiando a las grandes superficies y las empresas multinacionales. Dos millones de euros a repartir en Menorca que deberían inyectan liquidez en la economía local. Por cierto, ¿consultó el Consell con Ascome?
'Aampliar en superficie’'
Al día siguiente de anunciar Jordi López Ravanals y Juana Mari Pons que el PP gestionará la cesión de los terrenos municipales de Santa Rita al Govern para construir el segundo centro de salud de Ciutadella, el PSOE insiste en la «ampliación en superficie» del actual centro Canal Salat. Este es el relato.
Pero hay que apuntalar este relato: ¿Permite el Plan General de Ciutadella ampliar ‘en superficie?, ¿hay que modificar primero el planeamiento urbanístico?, ¿los terrenos colindantes son adecuados?, ¿se mantendrá el aparcamiento?, ¿cuándo lo pidió el Govern? Continuará.
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