Crecer o decrecer en Menorca, esta es la cuestión

Alude al estudio para evaluar la capacidad de carga de Menorca, que no está ni aparece en los documentos de la revisión del Plan Territorial Insular, pero se espera con expectación en las administraciones y en el sector privado.

De ahí que la primera medida consiste en elaborar este informe para después adoptar las decisiones. En este escenario, el gobierno de Adolfo Vilfranca decide mantener la actual moratoria turística.

El famoso estudio que ha de determinar la capacidad de carga tenía que estar redactado hace meses. Concretamente, desde febrero de 2022 el anterior gobierno tripartito, encabezado por Susana Mora, tenía la obligación legal de confeccionarlo, con diligencia y eficacia, para incorporarlo al PTI revisado, aprobado cinco días antes de las elecciones del 28 de mayo. Al no afrontar esta exigencia, eludió un debate que aplazó al próximo equipo de gobierno, o sea, al actual, que es consciente de su impacto y trascendencia.

La moratoria  

Més per Menorca, instalado hoy en la oposición, instó al gobierno PP-Vox -aunque la consellera Maite de Medrano está cada vez más desaparecida y con una escasa presencia en los medios- a mantener la limitación de nuevas actividades turísticas en la Isla. Así lo determina la Ley Turística de Balears aprobada por el anterior Govern del Pacte.

También pidieron los nacionalistas el estudio sobre la capacidad de carga y los «mecanismos jurídicos necesarios para fijar un techo de plazas turísticas», con referencia a las distintas modalidades.

La vida te da sorpresas: Més reclamando el informe que no elaboraron -¿no supieron o no quisieron?- durante los últimos ocho años que han gobernado en Menorca al alimón con el PSOE y Podemos.

Todo se andará, de hecho, según la consellera Torrent Palliser ya ha empezado a andar, porque «nosotros somos conscientes de la obligación legal y estamos redactando el estudio para saber cuál es la capacidad de carga de la Isla».

La consellera Núria Torrent desvela que «la idea inicial del Partido Popular era levantar la moratoria, pero primero queremos contar con un estudio que evalúe la capacidad de carga del alojamiento». No significa ello, aunque lo proclame Eduardo Robsy, que haya una ‘barra libre’ para el crecimiento turístico en Menorca. Porque lo que está hoy en vigor es, precisamente la moratoria.   

Y, en cualquier caso, el conseller Robsy tiene una magnífica oportunidad para preguntar a la expresidenta Mora por qué, cuando desempeñó la presidencia del Consell, no elaboró el mismo estudio que ahora reclama al Partido Popular. Idéntica cuestión también puede plantearla a quienes fueron socios del anterior gobierno insular.

 Xisco Cardona   

Esta semana el    doctor en Derecho Canónico, abogado del Tribunal de la Rota y juez eclesiástico Francisco J. Cardona Vidal ha conocido cómo se las gastan en la política mallorquina. Hoy coordinador de Vox en Menorca, diputado del Parlament y concejal de Maó ha sido despojado en un plis plas de sus galones como portavoz adjunto del grupo parlamentario de Vox. No ha sido fulminado porque mantiene el acta de diputado autonómico.

Ya lo advirtió Joana Barceló, con su sabiduría y experiencia en plenos, reuniones de partido y el pacto de los desacuerdos menorquines con Jaume Matas: «en las aguas de la política de Mallorca nadan tiburones blancos peligrosos, y en el Parlament se concentran los jabalíes más profesionales, todos con el colmillo retorcido».

Xisco Cardona ha descubierto que no hay peor astilla que la de la misma madera. En política no se va a hacer amigos, porque los peores adversarios no son quienes se sientan en la bancada de enfrente, sino quienes están a tu lado, compartiendo escaño. El diputado degradado opta por el silencio.

Gasolina y cerilla   

Escribe Joan Miquel Perpinyà en «Ultima Hora»: «el discurso incendiario de Vox atiza un clima de división y enfrentamiento absolutamente artificiales, porque la preocupación de la ciudadanía no va por esos derroteros. Los ultraconservadores se empeñan en rociar de gasolina y buscan que sea el Govern quien prenda la cerilla, exigiendo que se cumplan los compromisos de su pacto con el PP sobre libre elección de lengua, según sus prisas y no según un calendario realista y con garantías de éxito, diseñado por la Conselleria de Educación».