Ni aviones ni hoteles abiertos a partir de noviembre

A partir de noviembre entramos en ‘modo hibernación’, con los hoteles cerrados y apenas opciones para entrar y salir de la Isla. Las aerolíneas dejan el tráfico aéreo bajo mínimos. Este invierno solo contamos con seis alternativas de viaje, frente a las nueve de la temporada invernal del 2022, al haber perdido las rutas directas a Londres, Málaga y Eivissa.

Menos trayectos y también menos compañías aéreas, porque a la marcha de Air Europa, que nos abandonó en marzo, hay que añadir la de Ryanair a finales de octubre. Ahora mismo, solo operan en el aeropuerto de Menorca tres compañías: Air Nostrum, Vueling y Uep Fly.

En cambio, Eivissa mantiene durante este invierno aviones para doce destinos directos, el doble que Menorca; y Mallorca está conectada con 62 ciudades europeas.

Letargo invernal

En Mallorca, en cambio, sigue abierta una importante parte de la planta hotelera y ya se anuncia la reactivación -o sea, el arranque de la temporada turística de 2024- a partir de febrero. La demanda motiva la respuesta de los hoteleros y moviliza la oferta complementaria al unísono.

Pero, ¿qué ocurre en Menorca? El pez que se muerde la cola. La doble pregunta consiste en ¿no hay aviones porque cierran los hoteles o cierran los hoteles porque no hay aviones? La realidad es tozuda: el letargo invernal paraliza, cada vez más y de forma más acusada, la actividad económica insular en todos los sectores que dependen, directa o indirectamente, de la llegada de visitantes.

¿Cuántos establecimientos y empresas cierran sus puertas en Menorca en noviembre porque no hay opciones de negocio? Sencillamente, porque los costes de mantener abierto superan los ingresos posibles al carecer de clientes.

El fenómeno se llama estacionalidad y provoca una situación socioeconómica que raya la insostenibilidad con un gran número de trabajadores obligados a inscribirse en las listas del desempleo, acogerse a ayudas -de las administraciones y Caritas- y a regímenes subsidiados como los fijos discontinuos.

A lo que hay añadir, además, el impacto -léase, reducciones en alto porcentaje- sobre la cuantía de las futuras jubilaciones de los menorquines al reducirse los periodos de cotización.

Sin respuesta     

Nadie ha sido capaz de dar una respuesta a esta realidad que golpea y debilita la sociedad menorquina en su conjunto. Lo peor es que nos hemos acomodado y lo aceptamos con mal menor al asumir la condición de destino de sol y playa que ha perdido las palancas de la industria, con el calzado y la bisutería que sobreviven, si bien con excepciones de gran nivel y calidad; y el sector agroalimentario que intenta no morir en un escenario cada vez más adverso.

El campo resiste   

El Foro AgroSantander celebrado el jueves en Maó dio la oportunidad a varios agentes destacados de la agricultura y ganadería de Menorca de exponer las dificultades del sector al nuevo conseller de Agricultura, Joan Simonet. Más allá del Régimen Especial de Balears, cuya letra pequeña ni se concreta ni se aplica, y del sobrecostes derivados del hecho de la insularidad -que no son compensados- la gran cuestión, de la que depende todo el campo menorquín, no es la producción, sino en la comercialización.

Lo expuso de forma brillante la gerente de Sa Cooperativa del Camp de Menorca, Antònia Bosch, al señalar que es preciso poner en valor a los productos agroalimentarios. «En Menorca contamos con buenos profesionales del sector primario, los productos son de gran calidad, amparados por    una tradición y cultura que les dan prestigio», afirmó. Y a continuación añadió que «todo ello debe traducirse en rentabilidad, generar más ingresos, y para ello es preciso llegar a otros mercados». A la red de comercialización puesta en marcha por Sa Cooperativa del Camp de Menorca, con tres tiendas propias y líneas de venta, hay que añadir la venta directa en las explotaciones, que constituye un atractivo con doble contenido turístico y gastronómico para los visitantes.

Las auditorías   

El gobierno de Adolfo Vilafranca anuncia un plan de auditorías para conocer cómo se gestionan y se gastan 33 millones de euros a través de empresas públicas y fundaciones. Una iniciativa que no se puede demorar y cuyos resultados han de ser públicos.