Propuesta de Julio de Olives a la Fundació la Caixa

De Olives planteó abrir una línea de ayudas para aquellas empresas que ya han agotado sus acciones de eficiencia medioambiental y reducción de la huella de carbono.

En 2005 la UE estableció un canon para disminuir la emisión de gases con efecto invernadero. Cada año se ponen en circulación nuevos derechos mediante un sistema de subastas. Al tratarse de una oferta limitada, la alta demanda hace que los precios vayan en constante aumento. En los últimos años ha subido desde 6 euros por tonelada hasta cien.

La iniciativa de Julio de Olives, escuchada con atención por Lina Mascaró y Santi Pons-Quintana Sugrañes, que asintieron, despertó el interés de Juan Ramón Fuertes, quien tomó buena nota y se comprometió a trasladarla al patronato de la Fundació La Caixa.

Preside este organismo Isidro Fainé, fiel a su anual y discreta estancia en Menorca. Entre otros, forman parte del patronato el presidente de Telefónica, José María Alvarez-Pallete, con casa en la Isla; el notario Juan José López Burniol, que intervino en el primer encuentro organizado por el Cercle d’Economia menorquín; Shlomo Ben Ami, diplomático e historiador israelí; Javier Godó, presidente-editor de «La Vanguardia»; y Pablo Isla, presidente de Inditex hasta abril de 2022.

538 millones de euros

Juan Ramón Fuertes conoce a fondo la situación y la estructura socioeconómica de Menorca porque durante cinco años, desde 2009 a 2014 ejerció como director territorial de CaixaBank en Balears.

Desgranó los programas que gestiona la Fundació La Caixa, con un presupuesto de 538 millones de euros para este año, y precisó la incidencia de estas acciones en Menorca. Unos datos que, a pesar de ser difundidos cada año, son desconocidos por muchos.

Las actuaciones se llevan a cabo en los ámbitos de la pobreza infantil, la atención a personas con enfermedades avanzadas; la inserción laboral a través del Programa Incorpora, que en Menorca cuenta con la participación de Caritas Diocesana y la Fundació de Persones amb Discapacitat; y los planes para personas mayores, que se llevan a cabo en la Isla a través del Esplai de Ciutadella, la Llar de la Tercera Edat en Maó -mediante convenio- y en Es Mercadal con recursos propios de la fundación.

Hay que añadir las convocatorias y ayudas para proyectos sociales, el Observatori Social y los programas de cooperación internacional.

Minimizados por la UE

El secretario general y el tesorero de la Cámara de Comercio de Menorca, David Rovellada y Jesús Flórez respectivamente, han participado en la asamblea general de Insuleur -organismo que agrupa a las entidades camerales de los territorios insulares de Europa- celebrada en Atenas. También ha asistido a este encuentro el presidente de la Cámara de Mallorca y vicepresidente de Quesería Menorquina, Eduardo Soriano.

Los tres comprometidos en un empeño común: acabar con los topes, impuestos por los funcionarios de Bruselas, que impiden compensar los sobrecostes que soportan las empresas ubicadas en regiones insulares de la Unión Europea.

Es la denostada ‘regla de minimis’, que castiga a Balears. A pesar de ser una comunidad insular, no tiene la condición de región ultraperiférica, como Canarias. Así, en el archipiélago atlántico los extracostes en el transporte son bonificados íntegramente, pero en Balears solo en parte.
Hace años que se viene reclamando la modificación del reglamento de esta norma que nos perjudica y minimiza, pero hasta ahora con resultado infructuoso, por la cerrazón de estos funcionarios comunitarios que acaban imponiendo su criterio sobre la voluntad política de los eurocomisarios.

Problema de fondo

Al ser preguntado Eduardo Soriano sobre la propuesta para la reducción de la jornada laboral, responde: «El problema de fondo es que hay personas que, en la actualidad en España, ganan lo mismo trabajando que sin trabajar. Eso deriva en una situación insostenible, que más pronto o más tarde deberá terminar».

«La reducción de la jornada laboral -añade- no me parece que sea una buena medida a priori. Conceder mejoras económicas a costa de un tercero no es sostenible ni ético; considero más necesario centrarnos en la productividad. Por el contrario, sí me consta la gran dificultad que tienen las empresas para ser competitivas, y medidas como esta provocan que muchos empresarios cesen en sus proyectos».

Frase del juez Castro

José Castro, magistrado jubilado: «Me duele mucho decirlo. No me gusta coincidir con PP y Vox, partidos a los que nunca votaré. Pero ceder a cambio de votos no me parece digno. A Pedro Sánchez le pasará factura la amnistía».