El Consell de Menorca no podía instar la revisión de la sentencia que le obliga a indemnizar a Cesgarden con 29 millones de euros si no acreditaba la existencia de algún ilícito penal.
La estrategia diseñada por el presidente Santiago Tadeo y la consellera Marta Vidal, a partir del 'informe Olleros', ha consistido en denunciar el 'caso Cesgarden' ante la Fiscalía Anticorrupción que investiga a fondo la trama de una estafa procesal. Caso de confirmarse, la primera institución política menorquina podrá instar la revisión de esta sentencia, tan lesiva para los intereses de todos los menorquines, y solicitar la paralización de los pagos.
Pero es preciso llegar al fondo de este escándalo, que adquiere dimensión de pelotazo jurídico-urbanístico, para averiguar cómo fue posible la falsificación de la compraventa del solar de Son Bou así como la vigencia de una opción de compra que motivó generosos derechos indemnizatorios.
La Fiscalía debe destapar las connivencias y complicidades en este grave caso, y exigir responsabilidades al máximo nivel, que apuntan en esta fase inicial a quienes debían defender los intereses del Consell durante el anterior mandato.
