El Govern balear ha cifrado en 128 millones de euros el ahorro en las arcas autonómicas gracias a los ajustes. La partida más importante corresponde a la reducciones de salarios y los recortes de personal que solo en las conselleries de Salut y Educació ascienden a 90 millones.
Este dato confirma que han sido los empleados públicos quienes han soportado el peso de la política de adelgazamiento de la administración destinada a frenar el gasto, excesivo e insoportable, para las cuentas de la Comunidad Autónoma.
El Ejecutivo de José Ramón Bauzá, con determinación y peserverancia, ha logrado reducir la constelación de empresas públicas autonómicas -más de un centenar- que se había convertido en una trama urdida por los sucesivos gobiernos de Balears para crear una red clientelar, más al servicio de intereses partidistas que con criterios objetivos de servicio al ciudadano.
Es preciso ajustar estructuras, pero sin que ello implique una merma en la calidad de las prestaciones. Suprimir duplicidades y optimizar los recursos públicos es una prioridad, pero hay que valorar el acierto de los recortes no solo por su resultado económico, sino también por su impacto social.
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