La suspensión del Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL), medida impuesta por los autos que dictó el miércoles el Tribunal Superior de Justícia de Balears, deja al Govern en un callejón sin salida. La Assemblea de Docents y los directores de los centros, conscientes de su posición de fuerza al haber prosperado sus denuncias en sede judicial, advierten de que el TIL es ilegal y que su aplicación, por orden de la Conselleria de Educación, acarrearía la comisión de nuevos delitos.
Ante este escenario, el presidente Bauzá debe retirar el proyecto lingüístico que ha liderado y abrir escenarios de diálogo con la comunidad educativa. La argumentación del Tribunal Superior deja poco margen de maniobra al Govern, que debe actuar de inmediato par salvar el curso con el menor impacto posible sobre los alumnos y sus familias. Aquí se han producido errores y es el momento de rectificar. Nadie cuestiona las bondades del TIL, pero es imprescindible que se ajuste a la legalidad, en el fondo y en las formas.
Hay que despejar las numerosas dudas que plantean las resoluciones judiciales. Profesores, padres y alumnos esperan respuestas y decisiones.
