La presentación de la memoria de la Fiscalía de Balears en el Parlament que ayer realizó su máximo responsable, Bartomeu Barceló, puso sobre la mesa uno de los temas más candentes de los últimos años: la corrupción política. Barceló defendió la actuación de los fiscales en todos los casos, una lacra de la que las Balears son, desgraciadamente, un referente en toda España.
Al mismo tiempo reclamó la devolución de las cantidades defraudadas al erario público y las penas de cárcel a imponer a los autores penalmente responsables. La tesis del fiscal superior coincide con los pactos que impulsa Anticorrupción, lo que incrimina a determinados políticos. Las condenas, muchas de ellas ya firmes, llevan aparejadas indemnizaciones millonarias, aunque no todas se hacen efectivas por la insolvencia de los condenados.
Algunos juristas han advertido que asuntos sustanciados en vía penal podrían haberse abordado como infracciones administrativas. Pero si se persigue la ejemplaridad, el impacto mediático y la economía procesal, se opta por recurrir a la Fiscalía.
Lo relevante es que todos los mecanismos de control funcionen para evitar, prevenir y erradicar la corrupción política.
