Los ciudadanos de Balears también son corresponsables de las deficiencias y la atención en un servicio público esencial como es la sanidad. Durante el pasado año ha sufrido la incomparecencia en las consultas programadas de más del 5 por ciento de las visitas con 381.300 suspensiones en los centros de salud, con 20.911 cancelaciones en Menorca.
Este porcentaje se incrementa en las consultas con los médicos especialistas, ya que afecta al 7,56 por ciento. Estas cifras ponen de manifiesto un comportamiento incívico e irresponsable, que exige una toma de conciencia de los usuarios para evitar los perjuicios que ocasiona. Hay quejas por las listas de espera y las cíclicas puntas de demanda, pero es preciso subrayar el extraordinario esfuerzo de los profesionales de la sanidad pública para paliar los problemas, incrementados por los ajustes. Pero es preciso trasladar a los cientos de miles de pacientes insolidarios las consecuencias perjudiciales de su mal comportamiento. Del mismo modo que el fraude fiscal ha calado como una actuación reprochable, es preciso acabar con la negligencia y el abuso de los recursos
